Más recursos y mucha gestión política
Las denuncias de los profesionales de la sanidad catalana ya eran ampliamente compartidas con antelación por los pacientes usuarios del sistema. No en balde han sufrido en propia piel unos recortes de magnitud histórica. En términos brutos, la poda del gasto sanitario en Catalunya desde el 2010 hasta este mismo año 2018 suma unos 7.500 millones de euros. Ocho ejercicios después del primer tijeretazo, los presupuestos de la Generalitat aún dedican a este vital cometido casi 1.000 millones menos al año.
En el 2017, Catalunya era la comunidad que menos había reducido la distancia en gasto social comparando las cuentas del 2009 con las del 2017: destina 4.100 millones menos, según un estudio de la Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales. Un panorama deprimente que pone en evidencia a cualquiera que pretenda negar el estado crítico del sistema.
Cabe recordar que en junio del 2011 el entonces president de la Generalitat, Artur Mas, formuló un drástico plan de recortes que, con el tiempo, acabó derivando en el cerco del Parlament y, apenas un año después, en la formulación del primer programa soberanista de los entonces convergentes. Aquellos primeros hachazos al gasto social contaron con el apoyo entusiasta del PP, a quien los gobernantes catalanes incluso criticaron por no ser tan audaces como ellos en los recortes cuando llegaron al Gobierno del Estado.
Desde entonces, la agenda política se ha visto progresivamente monopolizada por el debate soberanista, hasta anegar los departamentos del Govern. Y, por esta vía, se ha acabado asumiendo que la precariedad de los servicios sociales básicos, en primer lugar de la sanidad, es una realidad inmutable a corto plazo. Sólo con un drástico cambio de escenario político, dice implícitamente el discurso vigente, podrán resolverse los problemas cotidianos de los ciudadanos. Una especie de condena a la espera de la consumación del programa máximo.
Pero para los ciudadanos, además de para los trabajadores y profesionales implicados en la prestación y cobertura de esos servicios, esta no es una solución, como ahora se pone de nuevo de manifiesto.
La situación de la sanidad requiere medidas inmediatas que, necesariamente, implican obtener recursos adicionales. Y será difícil dar respuesta a estas acuciantes demandas sin asumir que el Govern debe ponerse manos a la obra, en primer lugar explicando qué medidas piensa adoptar para solucionar los problemas. Posiblemente con un debate inicial en el Parlament. También debería aclarar cómo piensa afrontar la negociación con el Estado para que este aporte los recursos económicos.