Abdul Fatah al Sisi
Más de 700 sentenciados en la macrocausa contra la movilización del 2013
PRESIDENTE DE EGIPTO
El engranaje egipcio bajo el gobierno de Al Sisi demuestra su mano dura con las sentencias del macrojuicio por las sangrientas protestas islamistas del 2013. Hay más de 700 condenados, entre ellos, 75 penas de muerte.
Egipto vuelve a dar otro golpe al islamismo político. Un tribunal dictó ayer 75 condenas a muerte y más de 600 sentencias de cárcel en el macrojuicio celebrado por las movilizaciones antigubernamentales de agosto del 2013, que acabaron con la muerte de cientos de manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad.
El caso Rabba, conocido así por el nombre de la plaza de El Cairo donde tuvo lugar la sentada masiva de simpatizantes de los Hermanos Musulmanes, ha implicado a más de 700 acusados. La movilización se produjo semanas después de que el presidente Abdel Fattah al Sisi, el entonces jefe militar, tomara el poder y encarcelara al presidente islamista Mohamed Mursi, en un periodo de fuerte tensión social y división en las calles.
El fallo de ayer confirmó las condenas a la horca dictadas el 28 de julio y que fueron remitidas entonces al muftí, la máxima autoridad religiosa del país, para que emitiera una opinión no vinculante. Entre los condenados a muerte figuran dos de los líderes de los Hermanos Musulmanes, Essam al Erian y Mohamed Beltagi, y el prominente predicador islamista Safuat Higazi.
El actual líder espiritual de la hermandad, Mohamed Badia, fue condenado a cadena perpetua –con esta ya tiene cinco acumuladas–, junto a otros 46 islamistas más.
A diez años fue condenado el hijo del derrocado presidente Mursi, que a su vez también cumple prisión de por vida. El resto de acusados fueron sentenciados a periodos de cárcel que van de los cinco a los quince años.
Hay 215 acusados condenados a cinco años que, de hecho, podrán salir en breve porque ya han cumplido la condena. Aunque, según dos abogados consultados por la agencia Efe, después seguirán en “libertad vigilada”. Eso significa que “deben acudir cada noche a la comisaría de policía, donde firmarán y permanecerán allí desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana”. La mayoría de ellos, los siguientes cinco años.
El tribunal sentenció a 374 personas a 15 años y a 22 menores a penas de 10 años “no severas”.
En total, de los 739 acusados, 315 estaban presentes en el juicio, 419 huidos de la justicia y 5 han muerto en este tiempo.
La contundencia y amplitud de las sentencias hizo que las organizaciones de derechos humanos las criticaran duramente. Amnistía Internacional recordaba que más de 800 manifestantes murieron en aquella movilización del 2013 y sin embargo ni un solo miembro de las fuerzas del orden ha sido acusado.
Además, entre las detenciones masivas que se hicieron critican que había manifestantes pacíficos e incluso periodistas que hacían su trabajo. “Este juicio es una burla”, sentenciaba la presidenta de la organización para el norte de África, Najia Bounaim.
El Gobierno de Al Sisi aseguró que muchos manifestantes estaban armados y que 43 policías fueron asesinados en aquellos disturbios. Los cargos oficiales contra los detenidos eran delitos contra la seguridad como incitación a la violencia, asesinato y organización de protestas ilegales. En definitiva, intento de debilitar al Estado, que es la excusa que ha ido usando el Gobierno para mantener su puño de hierro.
Desde que Al Sisi asumió el poder
Amnistía Internacional tilda el juicio de “burla” y recuerda que no hay ni un policía acusado por los 800 civiles muertos
de manera legal, tras las elecciones del 2014, ha conducido esta ofensiva contra la disidencia y las libertades de tal modo que hoy del entramado político islamista que llegó al poder en el 2011, dentro de las primaveras árabes, poco queda ya. Los Hermanos Musulmanes, declarados organización terrorista el 2013, se mueven en la clandestinidad.
Egipto vive uno de los periodos más negros en cuanto a erosión de libertades sociales y políticas. Sin embargo, el nada despreciable porcentaje de población que apoya a Al Sisi considera que este mano dura es necesaria para estabilizar Egipto y hacer frente a los insurgentes islamitas, vinculados con Al Qaeda y el Estado Islámico, que aún son fuertes sobre todo en la península del Sinaí.