JxCat romperá con Sánchez si la Fiscalía mantiene la pena de rebelión
El ministerio público defiende este delito en el escrito de acusación del 1-O
El vicepresidente primero del Parlament y diputado de JxCat, Josep Costa, considera que si la Fiscalía mantiene la acusación de delito de rebelión esta decisión “tendrá consecuencias”. Costa, un político de la plena confianza de Carles Puigdemont, alertó que así no puede haber un escenario de “diálogo y distensión” con el Gobierno y añadió que el hecho de que la Fiscalía no reconsidere la acusación sería una “línea roja que tendría muchas consecuencias y muy graves”. Ayer mismo ya aseguró que la decisión tendría una respuesta “muy contundente”. A la espera de saber en qué se traduce esta primera reacción política, es evidente que el escrito de acusación puede poner en un aprieto al gobierno de Sánchez.
La Fiscalía mantendrá en su escrito de acusación provisional contra los miembros del Govern el delito de rebelión y el de malversación según adelantó ayer el diario El País. Este escrito ha de presentarse antes del inicio del juicio en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que ha de juzgar a los políticos catalanes reclusos.
En los últimos meses a raíz del cambio de Gobierno y la designación de la nueva fiscal general del Estado se especuló con la posibilidad de que el ministerio público reorientara su acusación, en particular sobre el delito de rebelión que ha sido muy cuestionado en medios jurídicos.
De hecho, en las últimas semanas miembros del Govern y de los partidos ERC y PDECat había sugerido que el cambio de calificaciones provisionales era clave para entrar en un verdadero deshielo de las relaciones entre el Gobierno y el Govern.
Diversos miembros del Ejecutivo de Sánchez, en respuesta a esas pretensiones, aseguraron que no era posible presionar a la Fiscalía y que hacerlo podía llegar a ser contraproducente para los intereses de los propios reos a los que ahora les queda la única esperanza de que en las calificaciones definitivas, una vez concluida la vista, se pueda producir este cambio de criterio del ministerio público.
No obstante, no son los cuatro fiscales que preparan el escrito de acusación el único escollo para los acusados. Como señaló La Vanguardia esta semana pasada cinco de los siete jueces que integrarán el tribunal que les juzgarán son los mismos que en su día aceptaron la querella presentada en la que ya se establecía la rebelión como uno de los posibles en delitos cometidos por los miembros del Govern.
La acusación de rebelión está penada con penas de treinta años de cárcel. Por el contrario los de sedición o malversación podrían rebajar las condenas a unos diez años de modo que en este debate jurídico se están jugando los reos veinte años de sus vidas.
El escrito de la Fiscalía se centrará exclusivamente en los políticos catalanes que están ahora en prisión dado que el Tribunal ha renunciado a juzgar a los que ahora se hallan fuera de España. Tal es el caso de Carles Puigdemont, Lluís Puig, Meritxell Serret o Marta Rovira para los que la causa ha quedado archivada a la espera de que en algún momento queden a disposición de la justicia.
El delito de rebelión fue rechazado por el tribunal alemán de Schleswig-Holstein que dirimió la
Josep Costa vicepresidente del Parlament dice que la decisión de los fiscales “tendrá consecuencias”
Miembros del Gobierno central ya advirtieron que era imposible modificar el criterio fiscal
petición del juez del Supremo Pablo Llarena para que Puigdemont fuese entregado a la justicia española. En el caso de la justicia belga, donde se pedía la entrega de los consellers huidos en aquel país, el delito de rebelión no se llegó ni tan siquiera a considerar porque la euroorden fue rechazada por un error formal. Por su parte la justicia suiza ha rechazado cualquier petición de entrega al considerar que los delitos imputados a Marta Rovira tienen un origen político.