El TS pide a la Fiscalía un informe para decidir si investiga a Casado
El líder del PP niega delito alguno en un escrito de 28 folios que ya tiene el fiscal
El Tribunal Supremo (TS) ha puesto en marcha la cuenta atrás para decidir si debe investigar al líder del PP, Pablo Casado, por supuestas irregularidades en el máster de Derecho Autonómico que obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en el curso 2008-2009. El primer paso –como ayer anticipó La Vanguardia– ha consistido en la petición de un informe a la Fiscalía.
Junto a la providencia de remisión, el Supremo ha enviado a la Fiscalía un escrito de 28 folios que ha hecho llegar al Alto Tribunal el propio Casado. En ese texto, el líder del PP expone los pasos que dio para la obtención del citado máster y niega haber cometido delito alguno, por lo que solicita que su caso se archive.
Los fiscales del Supremo no tienen un plazo determinado para elaborar su dictamen, pero se van a tomar su tiempo. En la Fiscalía se tiene plena conciencia de la trascendencia del caso y de su dificultad jurídica, porque se trata de sentar doctrina sobre el delito de prevaricación.
El núcleo del debate reside en las posibilidades de que este tipo de delito se aplique a quien se haya beneficiado de una resolución injusta –en este caso la concesión de un máster–, si no ha colaborado decisivamente en provocarla. La juez que inició la investigación del caso, Carmen Rodríguez Medel, consideró que Casado sí incurrió en los delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa, aunque está en discusión si el primero habría prescrito. El cohecho prescribe a los tres años, pero el delito de prevaricación a los diez, y, por tanto, aún sería perseguible penalmente.
La magistrada Rodríguez Medel remitió el pasado 6 de agosto al Supremo una exposición razonada en la que exponía el resultado de su investigación. En ese escrito consideraba que el Alto Tribunal debía tomar el caso en sus manos por haber hallado indicios de delito en la conducta de un aforado, el diputado Pablo Casado, entonces recién elegido líder del PP en el congreso que este partido había celebrado en Madrid apenas dos semanas antes.
Desde entonces se esperaba la respuesta del Supremo, que, como es habitual en estos casos de actuaciones que afectan a aforados, ha consistido en pedir ahora dictamen a la Fiscalía. Esta, a su vez, deberá informar sobre dos extremos. En primer lugar, si estima que el asunto es efectivamente competencia del TS. Es obvio que dirá que sí, porque el caso afecta a un parlamentario.
En segundo lugar, la Fiscalía tendrá que pronunciarse sobre la posible existencia o no de indicios del citado delito de prevaricación. Y otro detalle importante, consistente en indicar si el hecho de que el supuesto cohecho aparezca unido en este asunto a la prevaricación haría que sea aún perseguible, a pesar de haber transcurrido ya el indicado período de prescripción de tres años.
En su escrito al Supremo, Casado se refiere a este aspecto para sostener que, sea cual fuere la decisión que se adopte sobre la exposición razonada de la juez Rodríguez Medel, el delito de cohecho debería considerarse prescrito. La magistrada, a su vez, consideraba que se había producido en este caso un concurso de delitos, uniendo el cohecho y la prevaricación. Sostenía a este respecto que Casado habría obtenido el máster como “un regalo académico por su relevancia política e institucional”.
De ahí que apreciase que el hoy líder del PP fue cooperador necesario en la prevaricación, puesto que, a su juicio, los pasos que dio para obtener el máster pondrían de manifiesto que lo buscaba en dichos términos, como un regalo por su condición y actividades políticas. Sobre todo ello tendrá que pronunciarse en su día el Supremo, una vez recibido el dictamen de la Fiscalía. Si asume la investigación, lo más probable es que cite a Casado y que lo haga como investigado, para garantizar sus derechos de defensa. Ello obligaría al PP a tomar decisiones sobre los efectos de una citación de este tipo, que implica la apreciación de indicios de delito. Por el contrario, si el Supremo rechaza que tales indicios existan, archivará el caso. El tribunal que ha de adoptar la decisión, la Sala de Admisión, está formado por los jueces Marchena –presidente de la Sala Penal–, Ferrer, Colmenero, Monterde y Llarena, el instructor del caso 1-O.
LA TRAMITACIÓN
La Sala de Admisión no tiene un plazo fijo para decidir si asume el caso o lo archiva
LA INVESTIGACIÓN
La juez que abrió el caso estimó que el máster fue “un regalo” al diputado popular