La Vanguardia

Una cuestión de dignidad histórica

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HAY alguna urgencia para exhumar el cadáver de Francisco Franco casi cuarenta y cuatro años después de su muerte por enfermedad? Urgencia, por supuesto que no la hay. Pero para una buena parte de la sociedad española sí que era una cuestión de dignidad que los restos del dictador, que no fue una víctima de la guerra ni por supuesto de su autoritari­o régimen, no reposaran junto a los de personas que sí fueron víctimas de aquella atrocidad histórica de la que, además, el Caudillo fue uno de sus máximos responsabl­es.

El Congreso de los Diputados aprobó ayer el decreto ley presentado por el Gobierno de Pedro Sánchez por el que se da cobertura jurídica, mediante un añadido a la ley de Memoria Histórica, a la exhumación de los restos de Franco y su traslado a la sepultura elegida por sus familiares. En el debate se habló de poner fin a una “anomalía histórica” que representa­ba tener aquellos restos mortales en un recinto, el Valle de los Caídos, proyectado por el dictador como su propio mausoleo y excavado en la roca y construido por presos políticos durante la posguerra. Un desatino, y más en la España del siglo XXI que, además, contrasta de forma indigna con la permanenci­a de miles de cadáveres de la guerra y de la posguerra en fosas comunes repartidas por toda España. Precisamen­te, este decreto aprobado ayer trata, además de la exhumación del cadáver de Franco, de dar cobertura legal a la iniciativa de los nietos y bisnietos de aquellos que todavía permanecen en sepulturas anónimas, para que puedan otorgarles un descanso digno. El que merece cualquier humano.

Uno de los argumentos que se utilizan para criticar cualquier iniciativa respecto a la memoria histórica es que no hay que reabrir heridas. Pero lo cierto es que no se trata de reabrirlas, sino de cerrar aquello que quedó abierto para uno de los bandos de la Guerra Civil por razones históricas que el tiempo ha convertido en injustific­ables. El pacto de la transición no se cerró del todo porque quedaron en el limbo de la memoria miles de españoles que, equivocado­s o no, perdieron la vida en una cuneta o junto a una anónima fosa. Durante el debate en el Congreso la portavoz socialista imploró a la oposición que apoyara la aprobación del decreto por “la democracia y la dignidad”. El PP y Cs se abstuviero­n –hubo dos votos en contra por error– argumentan­do que el objetivo del Gobierno con esa reforma de la ley era “tapar sus incapacida­des y vergüenzas”. La vergüenza ha sido la permanenci­a de unos restos mortales en un mausoleo construido para glorificar la memoria de un dictador.

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