Asumir la realidad
El Consejo de Europa acaba de decir que España es un Estado de derecho y que no hay presos políticos como hay en las dictaduras, sino políticos presos por haber desobedecido leyes y sentencias.
Por mucho que algunos piensen que las leyes del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República del 6 y 7 de septiembre de 2017 están vigentes, esto no es así. Incluso el independentismo aceptó participar en las elecciones del pasado 21 de diciembre. Aquel fue un ejercicio de realismo político.
Aquí podemos discutir si las acusaciones de la Fiscalía sobre rebelión, sedición, malversación o desobediencia prosperarán y si conducirán a sentencias duras –como reconoce el propio Oriol Junqueras– o durísimas y si la prisión preventiva a que se han visto abocados el exvicepresidente y otros miembros del Govern que pretendieron aprobar la independencia de Catalunya es o no razonable en los términos en que se está produciendo; pero nadie puede discutir, por mucho que en Bélgica, Alemania, Escocia o Suiza no existan figuras delictivas similares, que las leyes aprobadas por el independentismo en el Parlament –aunque no efectivas– constituyen un delito de acuerdo con la normativa de nuestro Estado de derecho.
Por esta razón y para volver al diálogo sin más provocaciones estériles, los políticos presos, los políticos en el extranjero y el propio Gobierno de Quim
Los líderes independentistas deberían reconocer que la vía del enfrentamiento o de la reiteración delictiva no va a conducir a nada bueno
Torra deberían reconocer que la vía del enfrentamiento o, incluso, de la reiteración delictiva no van a conducir a nada bueno por más que los independentistas más radicales estén encantados ensalzando el golpe de Estado civil.
Ni el millón de personas movilizados en la Diagonal este Onze de Setembre ni la declaración Libertad, justicia y democracia: República Catalana, firmada por quienes están en prisión o en el extranjero víctimas de sus propios mitos, ni las cenas amarillas o las acciones de los Comitès de Defensa de la República (CDR) ayudan a normalizar las cosas.
Ya sabemos que muchos de los que salieron a la calle el Onze de Setembre con lazos amarillos o blandiendo estelades confían en que con estas demostraciones públicas se avanzará hacia la independencia, pero pedir la reiteración delictiva sólo sirve para dificultar el diálogo propuesto por Pedro Sánchez.
En la España constitucional representada por Felipe VI, los mitos autocreados, el victimismo permanente y el radicalismo ni mueven al extranjero ni sirven para facilitar el retorno a la realidad desde la irrealidad virtual inculcada a muchas personas de buena fe, sino para hacer más difícil la búsqueda de una solución a la confrontación en que estamos.