Colau choca con el Govern por el remedio a los narcopisos
Barcelona anuncia que multará a los dueños que actúen con dejadez y no denuncien las ocupaciones de traficantes de droga
La cumbre entre instituciones municipales, autonómicas, policiales y judiciales celebrada ayer para abordar la inseguridad que azota el centro de Barcelona certificó que los problemas persisten y que no existe una estrategia conjunta para combatir los principales fenómenos: el auge de los hurtos y la proliferación de los pisos de la droga: los narcopisos.
Al fin de la reunión Ada Colau y el conseller de Interior airearon sus diferencias sobre cómo debe combatirse el fenómeno de los pisos convertidos en puntos de venta de droga. La alcaldesa pidió de nuevo más mossos para patrullar en Ciutat Vella bajo la premisa de que no puede destinar más recursos de Guardia Urbana, después de haber aumentado las horas extra de los efectivos, y desplazado agentes de barrio para que actúen como mediadores. La petición, sin embargo, se topó con la rotunda negativa de Miquel Buch que denotó cierto hartazgo de que Colau desvíe la responsabilidad a la policía catalana: “la solución de los narcopisos no pasa por tener más policía en la calle”. Buch basa su réplica en las cifras que indican se han realizado más registros a narcopisos y más detenciones con los mismos agentes. Y agregó que “el Ayuntamiento de Barcelona tiene mucho campo por recorrer por sí solo en el marco de sus competencias”.
Una de estas atribuciones a las que aludió el conseller tienen que ver con la ley de la vivienda. La alcaldesa anunció que en el marco de aquella ley –prevista para los casos de mobbing inmobiliario– multará a los grandes propietarios que actúen con dejadez y no denuncien una ocupación que derive en un narcopiso. Las cifras que maneja indican que dos tercios de los pisos ocupados por los traficantes de droga son propiedad de bancos o fondos de inversión que se desentienden de lo que ocurre. La normativa prevé sanciones administrativas para los dueños que la incumplan que pueden ascender a 900.000 euros. La ley no es nueva, ya fue aplicada por el exalcalde Xavier Trias pero nunca se ha utilizado para combatir los narcopisos. La fórmula con la que se descolgó ayer el Ayuntamiento puede ser un arma de doble filo ya que en el último año se ha detectado ocupaciones en fincas municipales cuya dejadez ha propiciado que se convirtieran en puntos de venta de droga.
La propuesta se puso encima de la mesa en la reunión de trabajo que mantuvieron la alcaldesa junto a los consellers de Interior, Justícia, la juez decana de Barcelona y responsables policiales que servía de continuación de la junta de seguridad realizada el pasado mes de julio.
La reunión debía celebrarse a puerta cerrada pero la alcaldesa lo anunció el pasado lunes en una entrevista televisiva. La publicitación del encuentro generó ciertas suspicacias en el resto de participantes que interpretaron que Colau quisiera capitalizar un eventual resultado exitoso de la reunión y al mismo tiempo y repartir culpas entre varias administraciones sobre la inseguridad de Barcelona .
PIDE OTRAS SOLUCIONES Buch replica a la alcaldesa que “la solución no pasa por más mossos en la calle”
TRIAS APLICÓ LA NORMATIVA La ley antimobbing inmobiliario prevé multas de 900.000 euros a propietarios