Un informe jurídico municipal avala la obligación del 30% de pisos públicos
Un informe jurídico del secretario municipal y otro económico avalan la iniciativa con el que el Ayuntamiento pretende obligar a los promotores a destinar el 30% de las nuevas promociones de residencial o grandes rehabilitaciones a vivienda pública. Una medida con la que se pretende implicar al sector privado en la ampliación del parque de vivienda público y que permitiría crear alrededor de 400 residencias protegidas al año.
El informe jurídico redactado por el secretario municipal concluye que la modificación de Plan General Metropolitano que permitirá esta imposición a los promotores “es novedosa en Catalunya y en el resto del estado”. Añade que la iniciativa está habilitada por la vigente legislación de urbanismo y vivienda y por el régimen especial del municipio de Barcelona, en concreto por las determinaciones de la Carta Municipal. También asegura que está adecuadamente motivada y fundamentada “en el interés general y la evidente falta de vivienda asequible en la ciudad”. Sobre la posibilidad de hacerla extensible al resto de municipios del área metropolitana, tal y como se reclamó en la primera de las sesiones extraordinarias en las que se debate esta iniciativa, el secretario resuelve que este elemento no debe impedir aplicarla en el ámbito municipal.
En esta misma línea se pronuncia el informe económico, encargado por el Ayuntamiento, y que viene a ampliar el ya realizado anteriormente. Según el estudio realizado por Duatis Arquitectes, la medida no “significa un encarecimiento de los precios de la vivienda libre, sino que produce una reducción”. El estudio ha analizado la evolución de los precios del mercado de la vivienda en los diferentes barrios y distritos para evaluar la viabilidad económica de reservar un determinado porcentage a techo residencial protegido. Así las cosas, señala que el aumento de viviendas a precio tasado “no sólo mejora el acceso de vivienda a determinados sectores” de población, sino que también modera los precios de los pisos libres.
Estos dos informes fueron facilitados esta semana a los grupos de la oposición y a las entidades promotoras de la iniciativa, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la FAVB, el Sindicat de Lloguers y la Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible y el Observatori Desc. Los documentos se discutirán en la comisión de Urbanismo del próximo miércoles y en el pleno del día 28 los grupos deberán expresar su voto para aprobar definitivamente esta moción que luego deberá recibir el visto bueno de la Generalitat.