Unificar la educación
Incapaz de modificar a su gusto la ley catalana de Educación, el PP plantea en el Congreso una ley para uniformizar la enseñanza en todo el país.
Recentralizar en el Estado las competencias en Educación. Esa es la propuesta del presidente del PP, Pablo Casado, aunque establece algunas condiciones para dar ese paso: sSi la inspección no es eficaz, si las autonomías no son leales, habrá que recentralizar en el Estado las competencias de educación, hoy en manos de las comunidades autónomas. Las autonomías podrían seguir administrando la competencia, pero esta sería del Estado.
La propuesta forma parte de una ofensiva del PP para denunciar e intentar evitar lo que denominan el adoctrinamiento en Catalunya, dado que el PP no tiene una mayoría en el Parlament con la que modificar la ley de Educación. Hasta ahora hablar de recentralización parecía un tabú que sólo Ciudadanos se había atrevido a plantear, y no de forma tan clara. El PP no se atrevió a ponerlo encima de la mesa cuando gobernaba y tenía mayoría absoluta. Ni siquiera cuando con una mayoría minoritaria contaba con el apoyo de Cs para adoptar alguna medida. Incluso no se atrevió desde el gobierno, con el artículo 155 en vigor, a poner una casilla en los formularios de inscripción de los niños para pedir educación en castellano.
Pero ahora Pablo casado lo dice con todas las letras: “Si no somos capaces de que la inspección sea eficaz y funcione, si no hay lealtad en las comunidades autónomas sobre lo que enseñan a nuestros hijos, lo que proponemos es que estas competencias estén centralizadas en el estado”. El objetivo, según el presidente del PP, en una conferencia pronunciada en el diario La Razón, es “que el Estado sea capaz de garantizar que no haya adoctrinamiento a los niños”.
Ya el secretario general del PP, Teodoro García Egea, había adelantado tras el comité de dirección del PP la ofensiva que pretendían, para “una mayor presencia del Estado en el sistema educativo”. Para ello, los populares presentarán en el Congreso una proposición de ley que suponga “el reforzamiento institucional en materia de educación”. Entre otras medidas, incluirá recuperar el principio de “supervisión de los libros de texto antes de que sean introducidos en el sistema educativo”.
Según García Egea, el objetivo final es impedir “que un gobierno decida el adoctrinamiento de los ciudadanos, usurpando el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos”. Esto es, a juicio del PP, lo que se hace en Catalunya y “metiendo el adoctrinamiento en los libros”, en ese ansia de los independentistas de “trasladar su confrontación a las aulas”.
Aunque el PP aún no ha redactado el texto, su anuncio se enmarca en el endurecimiento de la política de su nuevo presidente, Pablo Casado, sobre Catalunya, en un momento en el que ha pedido que se vuelva a aplicar el artículo 155 de la Constitución, y que pretendería que se restableciera
El PP inicia una ofensiva para reforzar el papel del Estado y evitar el “adoctrinamiento”
de manera indefinida en determinadas materias.
Se trata, insiste el PP, de permitir que “las personas que se dedican al ámbito educativo tengan una posición común en toda España para asegurar que un joven en Castellón estudie las mismas materias y contenidos que uno en Tarragona, Teruel o Madrid”, y hacerlo reforzando la troncalidad de las asignaturas comunes en toda España, “para que se enseñe la misma materia en toda España”. Así, al tener más materia común para todas las comunidades autónomas, la posibilidad de introducir otros contenidos en cada comunidad autónoma se vería más limitada.
La reforma incluiría hacer procedimientos comunes, una selectividad común y un DIR –un MIR educativo– para que el acceso de los profesores sea de ámbito estatal.