Un juez argentino dicta el sexto procesamiento de Fernández
Cristina Fernández fue procesada ayer por la causa de los “cuadernos de la corrupción”. El juez Claudio Bonadio dictó orden de prisión para la expresidenta argentina, que de momento no cumplirá por tener inmunidad parlamentaria como senadora. Se trata del sexto procesamiento de la líder kirchnerista.
Bonadio considera que la exmandataria era la máxima responsable –junto a su marido, el fallecido presidente Néstor Kirchner– de una “asociación ilícita” para cobrar comisiones a empresarios contratistas del Estado del sector energético, las obras públicas y el transporte. Fernández fue embargada por unos 85 millones de euros y, sólo por este caso, enfrenta una pena de hasta diez años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El juez considera probada la participación de la expresidenta en 27 sobornos, al menos.
La investigación, en la que hay medio centenar de imputados, abarca todo el kirchnerismo (20032015) y se está desarrollando en tiempo récord para lo que es habitual en la justicia argentina. Se inició en abril después de que un periodista de La Nación entregara a la fiscalía ocho cuadernos escolares con anotaciones supuestamente hechas por Óscar Centeno, chófer del exviceministro kirchnerista Roberto Baratta, mano derecha del exministro de Planificación, Julio de Vido, relatando los recorridos que hacía con el vehículo oficial recaudando los sobornos de empresarios.
De Vido y Baratta, que ya están en prisión, también fueron procesados, al igual que otros altos funcionarios del anterior gobierno, como José López, el exviceministro de Obras Públicas que hace dos años fue detenido cuando trataba de ocultar en un convento bolsos con más de siete millones de euros en dólares. López se convirtió recientemente en arrepentido y la semana pasada declaró que ese dinero pertenecía a Fernández.
Precisamente, el pasado fin de semana Fernández difundió un vídeo grabado en su residencia patagónica de El Calafate, donde detalladamente denunció los daños ocasionados durante el registro policial llevado a cabo hace unas semanas, así como lo que considera sustracción de obras de arte y objetos personales que, para el juez, suponen la recuperación de parte del dinero cobrado como mordidas.
Los registros a las tres casas de la expresidenta fueron autorizados por el Senado, que, sin embargo, no autorizará su prisión preventiva –ya solicitada anteriormente– porque el peronismo, mayoritario en la Cámara Alta, tiene por norma no aceptar desafueros mientras la condena del senador no sea firme.