Aforados, un beneficio en cuestión
En España unas 250.000 personas gozan de prerrogativas judiciales
La propuesta lanzada por el presidente del Gobierno para reducir el número de personas que se benefician del régimen de aforados fue poco concreta. Sin embargo, y a tenor de lo que dijo la ministra de Justicia el pasado miércoles en el Congreso cuando fue interpelada por Ciudadanos, cabe concluir que la liquidación del aforamiento que propone el Gobierno tendría a priori unos efectos muy limitados.
¿Quién es un aforado? Es un ciudadano que no puede ser juzgado por un tribunal ordinario y cuyo procesamiento, por ejemplo en el caso de diputados y senadores, requiere el visto bueno previo de las Cortes. En España hay unos 250.000 ciudadanos aforados con mayor o menor grado de protección. Los que disfrutan de mayores garantías son cargos públicos –diputados, senadores y diputados autonómicos– jueces y por supuesto los miembros de la familia Real.
¿Por qué existen los aforados? Es una figura común en algunos países pero, en general, no beneficia a tantos cargos públicos como ocurre en España. En Italia y Portugal sólo están aforados los presidentes. En Francia lo están el primer ministro y todos los miembros de su gabinete. En Alemania no existe esta figura. El aforamiento en España está instituido en la Constitución y en los estatutos de autonomía (Murcia es la única región que ha renunciado). Su finalidad es proteger de las acciones judiciales que puedan limitar su capacidad a representantes de la soberanía popular. En definitiva el aforamiento protege a los miembros del poder ejecutivo y el legislativo ante el poder judicial.
¿Cuántos aforados hay en España? Existen unos 2.000 aforados de carácter político entre los que están el jefe del Estado, los miembros del Ejecutivo y el legislativo, en total unos 600 a los que hay que sumar los aforados de los ejecutivos y legislativos autonómicos. A ellos se suman otros 15.000 aforados del poder judicial que gozan de un nivel de protección judicial menor que el de los políticos. Y por último las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que cuentan con un nivel de protección judicial inferior. La ministra de Justicia no entró en detalles sobre quienes podrían perder el aforamiento pero cifró la reducción en unas 15.000 personas.
¿Qué se quiere cambiar? Se quiere eliminar el aforamiento de los cargos públicos (gobierno, diputados, senadores) en aquellas causas que no guarden relación directa con sui desempeño como representantes de la soberanía. Además de modificar la Constitución se tendrán que modificar otras leyes para determinar el alcance del aforamiento de jueces y otros servidores públicos.
¿Porqué se ha de reformar la Constitución? Porque la Constitución incluye en el apartado 1 del artículo 102 el aforamiento del Presidente del Gobierno y de todos los miembros de su gabinete. La protección especial de los diputados procede de su inmunidad consagrada en el artículo 71 de la Constitución y a partir de este artículo se establece el aforamiento reconocido en el reglamento del Congreso entre otras normas. Para modificar por la vía exprés la Constitución se requiere la aprobación de las tres quintas partes del Congreso y del Senado (donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta). Si se produce la reforma, una décima parte de los diputados pueden pedir un referéndum.