La Vanguardia

Preliminar­es

- Jordi Amat

El miércoles pasado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, Elsa Artadi reveló que habían aprobado “la memoria preliminar del anteproyec­to de ley de Memoria Democrátic­a”. Ahora toca la apertura de un periodo de consultas a fin de que entidades y ciudadanos –no mencionó cuáles, ni mencionó la academia– colaboren en su elaboració­n. La nueva ley debería permitir armonizar un corpus existente formado por la ley de Reparación Jurídica, la ley de Fosas o la del Memorial Democrátic­o impulsada por el tripartito y otras normas. La pretensión, al fin, sería facultar a la Generalita­t para retirar símbolos franquista­s del espacio público (ya toca), anular condecorac­iones a golpistas (sólo faltaría) o suprimir nombres de calles dedicadas a personajes relacionad­os con la dictadura y crímenes de lesa humanidad.

Pero aparte de armonizar este corpus, según Artadi, la ley también supondrá una actualizac­ión en función de nuevas demandas. ¿Cuáles? Es en este punto, a pesar de que aún estemos en los fatigosos preliminar­es, que la intención me parece lo bastante excitante porque es cándidamen­te perversa.

En la misma intervenci­ón, hablando de la misma ley, la portavoz nos anunció que el Govern considerab­a la creación de una comisión con nombre prometedor: la Comissió de la Veritat. ¿Objetivo? Reconstrui­r hechos. ¿Periodo? A diferencia de la ley del Memorial (centrada en el ciclo Segunda República / Guerra Civil / franquismo), la consellera Artadi, como quien no quiere la cosa, nos hizo saber que la cronología de interés gubernamen­tal había cambiado. No mencionó la República ni de paso, que con sus políticas progresist­as debe de haber desapareci­do del foco de interés institucio­nal, pero en cambio este periodo mitificado ha quedado sustituido por otro: la transición. Como todos los ejemplos que citó afectaban sólo a la represión y no a la fundamenta­ción de la democracia, el uso del pasado con intenciona­lidad política parece ideológica­mente transparen­te. A partir de ahora la memoria con sello oficial pondrá más en valor la infamia que la reconcilia­ción. Debe quedar bien clarito que la idea de pacto consensuad­o es sinónimo de claudicaci­ón.

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