La Generalitat admite la fuga de empresas
LA consellera de Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, presentó ayer un informe que contabiliza el número de compañías que abandonaron Catalunya entre octubre del año pasado y julio del año en curso. Es decir, durante los nueve meses posteriores a la aprobación en el Parlament, el 6 y el 7 de septiembre del 2017, de las leyes de desconexión que debían facilitarle a Catalunya su salida del Estado español. Según la consellera, la cifra se reduce a 2.501 empresas y grupos, y puede traducirse en 3.700 CIF (códigos de identificación fiscal).
A la Generalitat le ha costado poco menos de un año hacer el recuento oficial de las bajas empresariales sufridas por Catalunya a consecuencia de la inseguridad jurídica que desató el procés. Es mucho tiempo. Pero aún a pesar del retraso, este primer anuncio oficial constituye una buena noticia. No tanto por su contenido –en este aspecto no lo es en absoluto– como por el saludable ejercicio de transparencia que implica, tardío pero bienvenido.
La consellera Chacón intentó presentar el balance de fugas, que difícilmente puede ser asumido como algo positivo para el país, bajo la luz más favorecedora. Subrayó que tan sólo representaban el 0,59% de las 618.366 empresas que hay censadas en Catalunya. Y que en su mayoría –el 80%– eran empresas pequeñas o muy pequeñas. En cambio, no tuvo interés en señalar que entre el 20% restante se incluyen algunas de las mayores empresas catalanas, incluidas las del sector bancario como La Caixa y Banc Sabadell, o energéticas como Gas Natural, ahora Naturgy. Ni que esas grandes empresas son responsables del grueso de los 100.000 millones de euros que facturan en conjunto todas las que se fueron. Dicho en otras palabras, la pérdida de masa muscular empresarial en Catalunya, producida por la falta de garantías del procés, ha sido más que considerable.
Es verdad que, a día de hoy, estas fugas no han generado una caída de la economía catalana de consecuencias dramáticas. Debido al ordenamiento fiscal vigente no han supuesto una mengua en las cantidades recaudadas por Hacienda que luego se computan en Catalunya. Y, debido a que ha habido pocos traslados de la producción, este fenómeno no ha tenido afectación sobre el empleo. Ahora bien, sería insensato afirmar que esta fuga masiva es irrelevante. No lo es en términos conceptuales. Y muy probablemente tampoco lo será en términos contables a medio y largo plazo. La mudanza de los equipos de decisión a otras comunidades –el 61% de las empresas huidas se han instalado, dicho sea de paso, en Madrid– no augura nada bueno en términos de influencia, imagen o futuras decisiones inversoras.
La consellera Chacón dejó ayer muy claro que la Generalitat no se planteaba la redacción de un plan para incentivar el regreso de las que se fueron. Creemos que en esto se equivoca de medio a medio. Quizás en la Generalitat se piense que anunciar semejante plan equivaldría a aceptar públicamente la gravedad de los traslados. Lo cual no obraría, desde un punto de vista político, en su favor. Pero en términos estrictamente pragmáticos, alguna iniciativa en esta línea, con incentivos o sin ellos, es imprescindible y prioritaria. Catalunya necesita recuperar, en su integridad, el tejido empresarial que ha sido en el pasado uno de sus principales rasgos de identidad y que debe ser en el futuro –cuanto antes mejor– una de las bases de su progreso.