El pragmatismo de Pere Aragonès
Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat, responsable de Economia y dirigente de ERC, desarrolla un discurso que combina propuestas prácticas de gestión y negociación con el Gobierno con referencias a que la clave del acuerdo reside en el reconocimiento del derecho de autodeterminación. Así lo hizo, último ejemplo, en el curso de una acto empresarial en la Cambra de Barcelona este miércoles (ver La Vanguardia del jueves pasado).
Aragonés habló sobre la deuda de la Generalitat, 77.500 millones de euros, una de las principales losas que pesan sobre la economía catalana.
Y se centró en el 70% de esa montaña de pasivo, 54.400 millones, que la Generalitat debe al Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Magnitud que transforma este asunto económico en completamente político. Catalunya, como el resto de las once comunidades autónomas que tienen al FLA de principal y casi exclusivo acreedor, no va a poder devolver ese dinero al Estado. Negociar una fórmula política para saldar esa deuda es la única salida.
Para el acreedor, esa incapacidad de pago no es una sorpresa. La Hacienda española lo sabe desde hace mucho tiempo. El anterior ministro responsable de esa cartera, Cristóbal Montoro, ya había presentado un plan para amortizarla en diez años y dejarla a cero. Pero entre la oposición de parte de sus colegas de Gobierno y el temor a la ira de Bruselas la cosa se abandonó. Pero ya desde ese momento quedó claro que la salida no iba a ser el pago sino alguna forma de renuncia o quita de la mayor parte de esa deuda.
El último Govern genuinamente convergente, con Andreu Mas-Colell al frente de los asuntos económicos, rechazó siempre las primeras insinuaciones de que podría abrirse una negociación sobre el olvido de la deuda. Para el conseller, esa alternativa, amén de humillante políticamente, implicaba un estigma en el historial crediticio de la Generalitat y no contemplaba, incluso al contrario, ninguna mejora sustancial en las relaciones financieras entre el Estado y la Generalitat.
La senda defendida por Mas-Colell pasaba por aprovechar la estela de una futura recuperación económica que permitiera tanto el pago de esos compromisos financieros como el retorno a los mercados internacionales de colocación de deuda. Mas- Colell rechazó pues estirar la propuesta de Montoro. Claro que, cuando lo dejó, la deuda con el FLA era de 43.000 millones, ahora son 11.000 millones más... y subiendo.
No esa la única realidad que ha cambiado desde entonces. Aragonès debe hacer frente a las crecientes demandas de amplios sectores sociales que reclaman soluciones, recursos, para sus problemas. Desde la sanidad, a la educación, pasando por los mossos, los bomberos o los funcionarios, en un apresurado compendio de los conflictos más recientes. Exigencias que irán a más a medida que crezca la distancia entre las necesidades de los ciudadanos y los recursos de la Generalitat.
En su conferencia en la Llotja de Mar de esta semana, Aragonés avanzó ideas en un terreno en el que ni Mas-Colell ni tampoco su predecesor y mentor en el Govern, el exvicepresidente Oriol Junqueras, habían entrado. Apuntó que, primero, debía cuantificarse cuánto de esa deuda se debía a la mala financiación de Catalunya y por lo tanto no debía considerarse como tal. Y, después, asumió la negociación sobre una reestructuración de la deuda con el Estado, que consideró ineludible, para convertirla incluso en perpetua, sin vencimiento y por lo tanto inexigible. También hubo, en este frente sí, una elevada dosis de realpolitik española: para que esa reconversión sea posible debe realizarse en el marco de una negociación que incluya a todas las comunidades autónomas. Catalunya sería la que obtendría más recursos, al ser la más endeudada, pero no sería la única.
No hay propuestas formales del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la mesa y la fragilidad de la coyuntura política reduce las posibilidades a corto plazo. El grueso de la deuda del FLA se concentra en comunidades (Catalunya, Valencia, Andalucía, Castilla La Mancha y Baleares) en las que el PP, primera fuerza parlamentaria y ariete de una dura oposición a Sánchez, no gobierna. La presión es menor.
A los efectos de las cuentas públicas catalanas, una condonación de deudas con el Estado tendría efectos positivos inmediatos. Entre la propuesta de Montoro, que significaba una reducción anual de 4.000 millones, a la deuda perpetua, que haría innecesarias las devoluciones, existe un amplio abanico de posibilidades de alivio.
Cualquiera de ellas parece más ambiciosa que el famoso anexo a la declaración del inicio del proceso de creación del estado catalán que Junts pel Sí y la CUP firmaron en noviembre del 2015. El documento se limitaba a señalar, en referencia a la deuda, que “asimismo, el futuro gobierno debe establecer un calendario de reuniones con los responsables de la banca residente para estudiar la posibilidad de renegociación del pago de los intereses con fines sociales”.
Pronto se podrán cuantificar los posibles avances en este frente. El martes se reúne la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, a la que el Govern acudirá reclamando deudas del Estado por 7.607 millones. Después, vendrá la reunión de la comisión de estudio del nuevo sistema de financiación, que también se celebrará en breve y a la que el Govern no había acudido desde su constitución.
El Govern necesita recursos para atender la creciente inquietud social; una quita de deuda pueda aportarlos