Las pensiones subirán de acuerdo con la inflación
El pacto de Toledo liga de nuevo las prestaciones al IPC indefinidamente
Los partidos dejan al Gobierno la concreción de la medida
Encaje de bolillos para salvar in extremis el consenso del pacto de Toledo. Los partidos de la comisión parlamentaria (salvo ERC, que aún estudia sumarse o no) acordaron ayer una recomendación sobre la polémica revalorización de las pensiones, que supone tomar como referencia el IPC. Para lograr un entendimiento compatible con los distintos enfoques sobre cómo garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas y poder avanzar después de meses de discusiones, los portavoces del pacto de Toledo se presentaron ayer en el Congreso con un texto ambiguo y abierto a múltiples interpretaciones.
“Es un acuerdo de mínimos”, se justificó el portavoz del PDECat, Carles Campuzano. El texto consensuado hace referencia literal a “la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real”. Para la diputada socialista Mercè Perea, con esta nueva recomendación se recupera el IPC como “un índice transparente y válido”. Para actualizar las pensiones. “Volvemos al IPC”, insistió Perea. Sin embargo, no se comprometió a garantizar que el ejecutivo socialista recogerá por ley que la revalorización de los 8,7 millones de pensiones esté indexada a dicho indicador.
Por su parte, la portavoz de Podemos, Aina Vidal, aseguró que la formulación consensuada cierra el paso a una subida que tenga en cuenta otros factores económicos y a la posibilidad de hacer distinciones entre pensionistas y entre periodos de crisis o expansión económica. En cambio, PP y PDECaT destacaron la referencia en el mismo texto a la vuelta al “consenso” alcanzado en el 2011 sobre esta cuestión –que contempla la opción de tener en cuenta la evolución de los salarios, la economía o las cotizaciones a la Seguridad Social–, para opinar que se pueden aplicar otros factores además del IPC.
“El IPC es un indicador troncal, fundamental pero no el único”, destacó Gerardo Camps (PP), al tiempo que puso el acento en que en el redactado se refiere “al equilibrio económico, financiero y social del sistema”.
Las recomendaciones del pacto de Toledo –amplias por naturaleza, recuerdan los negociadores– deben ser desarrolladas y negociadas por el gobierno de turno con la patronal y los sindicatos y, después, ha de tramitar en el Parlamento las modificaciones legales pertinentes del sistema de pensiones. En el texto han incorporado la obligación de que este tipo de cambios sean consultados y debatidos por la comisión parlamentaria del pacto de Toledo. También detalla que los fondos de la Seguridad Social sólo pueden destinarse a hacer frente al “estricto mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones”. Por tanto, cualquier otro incremento más allá del IPC ha de ser abonado “con otros recursos financieros, con pleno respeto a los distintos modelos de financiación existentes en el Estado”.
Sobre lo que no hay margen a la interpretación es que la nueva recomendación da por enterrado el índice de revalorización de las pensiones (IRP), aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy en el 2013. El polémico IRP ligaba la subida anual de las prestaciones de los jubilados a la salud financiera del sistema. Con un déficit de la Seguridad Social en los últimos años que ha acabado rozando los 19.000 millones de euros, las pensiones estaban condenadas sine die a subir cada año el mínimo legal, apenas un 0,25%. En cuanto el IPC dejó de estar en terreno negativo o muy cerca de cero, el malestar de los jubilados se trasladó a la calle, protagonizando desde hace meses protestas de todo tipo. Ayer mismo un grupo de pensionistas volvieron a manifestarse frente al Congreso de los Diputados. “La comisión constata que el vigente IRP no goza de suficiente apoyo político y social”, recogen la recomendación.
Desde la formación de Podemos resaltaron ayer que la vuelta al IPC es “mérito” de los pensionistas y de sus continuas movilizaciones.
Con este “principio de acuerdo”, anunciado ayer, sobre la segunda de las recomendaciones para apuntalar la sostenibilidad del sistema de pensiones se desencalla el debate. Aún queda mucha tela que cortar. La comisión lleva dos años reuniéndose para analizar las guías de una reforma de un pilar fundamental del Estado del bienestar y, de momento, sólo ha llegado a consensuar dos de las 21 recomendaciones a revisar. Faltan por tratar numerosas cuestiones de calado, desde la pensión de viudedad a la cotización o la contributividad de la prestación.
ENCAJE DE BOLILLOS
Los partidos de izquierda aseguran que el texto garantiza el alza automática del IPC
OTRA VÍA
PP y PDECat defienden que también se pueden tener en cuenta otros factores