México desarma a la policía de Acapulco por corrupción
El ejército y la policía estatal y federal controlan la seguridad
La complicidad de la policía mexicana en el violento negocio del narcotráfico ha sido ampliamente criticada pero raras veces perseguida. La macrooperación que tuvo lugar el pasado martes en la costera ciudad de Acapulco para desarmar a las fuerzas de seguridad locales y detener a algunos de sus máximos jefes ha sido una de estas excepciones que hacen pensar que la justicia puede funcionar en México.
La Fiscalía General del Estado de Guerrero (al que pertenece Acapulco) ordenó la detención de dos altos cargos policiales, Luis Fernando, más conocido como El Fénix (de la Policía Preventiva) y Brayan Antonio, llamado El Brayan, (de la Coordinación de Movilidad y Transporte), por estar acusados de homicidio doloso. En una operación simultánea, el director de la Policía Vial, Rafael Rivas, también fue detenido por estar en posesión de armas de las cuales no tenía permiso. Según informó ayer el diario regional El Sur, Rivas fue puesto en libertad horas después de la detención y será investigado por tenencia irregular de armas.
En paralelo a las detenciones, la Marina de Acapulco inició el martes por la mañana una macrooperación para tomar la sede de la Secretaría de Seguridad Pública local. Alrededor de 40 patrullas armadas, varios helicópteros de la Marina, 250 soldados y varios policías estatales y federales, desarmaron y retuvieron a los agentes policiales, entre ellos el máximo responsable, Max Lorenzo Sedano. Desde el martes, la seguridad del municipio de Acapulco está a cargo de la policía estatal y federal en coordinación con el ejército mexicano.
El portavoz del Grupo de Coordinación Guerrero, que se encarga de la operación, dijo en rueda de prensa que la medida responde a “la sospecha de la probable infiltración de grupos delictivos en el grupo de seguridad municipal” y aseguró que “todos los policías municipales serán evaluados y sometidos a exámenes de control de confianza” en los próximos días. Según informó ayer El Sur, 500 agentes ya fueron desarmados y faltarían otros 900.
Tras el fuerte despliegue de la Marina en la sede de Seguridad municipal, decenas de familiares de policías protestaron en las calles de Acapulco para reclamar información sobre el estado de los agentes y exigieron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos por el “abuso” perpetrado por el cuerpo de la Marina. Los familiares también temen que los agentes desaparezcan mientras dure la investigación.
En el estado de Guerrero, al sureste de México, en la costa del Pacífico, han tenido lugar otras operaciones de desarme de policías locales pero nunca antes una de la magnitud de la de Acapulco.
Sin embargo, hay algo poco claro en esta operación. El desarme tuvo lugar justamente cinco días antes del cambio de gobierno municipal en favor de Adela Román, miembro del Movimiento de Regeneración Nacional, el mismo partido del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador. Resulta que la futura alcaldesa había denunciado recibir amenazas de muerte con la advertencia de no hacer ningún cambio en la Secretaría de Seguridad Pública local.
Acapulco, antaño glamuroso destino de las estrellas de Hollywood, es una de las ciudades más peligrosas de México y la tercera más violenta del mundo, según un informe anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal. La ratio de homicidios en el municipio es de 107 por cada 100.000 habitantes.
La investigación apunta a la infiltración de la policía de la ciudad, la tercera más violenta del mundo, por el narco