JXCAT y ERC acuerdan rechazar la suspensión de diputados del Supremo
El pleno decidirá si los procesados pueden mantener la delegación del voto
JXCAT y ERC han acordado rechazar la orden de suspensión de Carles Puigdemont y los diputados presos dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, pero a la vez proponen que los procesados por rebelión deleguen su voto como han hecho hasta ahora, lo que interpretan como una sustitución temporal de sus funciones como diputado “mientras dure la situación jurídica actual”.
El texto que la mayoría soberanista ha pactado y que votará el pleno del Parlament la semana que viene consta de dos puntos. Uno, en el que la Cámara deberá acordar “por mayoría absoluta” la suspensión “de los derechos y deberes parlamentarios” de los diputados afectados por el auto del Supremo –Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull–. Los votos de la oposición no llegan a la mayoría absoluta, por lo que prevén que este punto no podría aprobarse y por lo tanto la suspensión quedaría rechazada. El segundo propone acordar que los “derechos parlamentarios” de los diputados procesados “puedan ser ejercidos por el miembro de su grupo” que ellos designen.
Desde ambas formaciones consideran que el primer punto de este acuerdo es una “declaración política sin efectos jurídicos”, y que esto no les debería causar problemas con los tribunales. En Jxcat y ERC sostienen que la suspensión temporal propuesta por Llarena en su resolución sólo se podría aplicar delegando el voto de los procesados, que es lo que finalmente proponen. De esta manera creen que quedan blindados jurídicamente y que no incumplen ninguna orden de los tribunales a la vez que preservan la soberanía del Parlament y los derechos de los diputados. Un encaje de bolillos con el que ambas formaciones esperan resolver la situación de Puigdemont y los diputados presos y zanjar la crisis abierta entre los dos grupos por esta cuestión.
Antes de que este acuerdo llegue al pleno del día 2 de octubre, pasará por la comisión del Estatut dels Diputats, que se reunirá mañana para debatir el dictamen que Junts per Catalunya y ERC han pactado. Los grupos recibieron ayer por la tarde el dictamen y ahora podrán hacer enmiendas, que se votarán mañana en la comisión. Si el texto sale adelante, se elevará al pleno para su debate y votación.
“Garantizamos que los derechos de los diputados se conserven intactos”, insistió ayer el portavoz de ERC, Sergi Sabrià. “Estamos satisfechos porque hemos adoptado una postura unitaria que defiende la autonomía del Parlament, garantiza los derechos de todos los diputados y no altera las mayorías democráticas”, añadió la diputada de JXCAT Marta Madrenas.
El dictamen que se discutirá mañana en comisión señala que la suspensión prevista en la ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que se acoge Llarena para dictar la suspensión de los diputados, “es inaplicable”, y defiende que ninguno de los procesados cometió un delito de rebelión. El texto alude también a la resolución del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, en la que rechazó la extradición de Puigdemont por rebelión. JXCAT y ERC sostienen también en el dictamen que el Parlament es soberano y la “autonomía parlamentaria protege a la institución de ingerencias externas”, que según estos sería la interlocutoria del Tribunal Supremo.
El hecho de que el pleno decida sobre la suspensión y que la resolución de Llarena no se acate directamente ha provocado otro enfrentamiento en el Parlament. Ciutadans se plantea acudir a la “vía penal” por un “presunto delito de desobediencia” y ayer su diputado y miembro de la Mesa José María Espejo Saavedra lamentó que JXCAT y ERC no hayan abandonado “el desacato a las resoluciones judiciales”. “Pretenden que los políticos voten si cumplen o no la ley. Bochornoso”, señaló.
Puigdemont, Romeva, Junqueras, Rull, Turull y Sànchez conservarán su acta pero no el sueldo