El Estado empieza a pagar sus deudas
EL acuerdo al que han llegado el Gobierno central y la Generalitat para el pago a esta última de 1.459 millones de euros a cuenta de la deuda pendiente puede parecer muy poco si se tiene presente que es tan sólo una quinta parte del total de lo reclamado, que se eleva a 7.607 millones. Pero, en realidad, es un paso muy importante para la normalización progresiva de las relaciones entre ambas administraciones.
Dicho acuerdo, además, marca el inicio de la negociación de un calendario de pago de las cantidades pendientes. También incluye la refinanciación de deuda a corto plazo de la Generalitat con préstamos a largo plazo por valor de otros 2.773 millones de euros, lo que supondrá un notable alivio en la tesorería autonómica. Esta refinanciación, además, puede contribuir a la mejora de la calificación financiera de Catalunya, ya que las agencias consideran el endeudamiento a corto, que supera los 4.500 millones, como un aspecto negativo.
Todo ello ha sido el resultado de la primera reunión en ocho años de la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales Estado-Generalitat, cuya celebración en sí misma ha sido todo un éxito.
Los citados 1.459 millones comprometidos se abonarán a la Generalitat en cuatro años. De estos, aproximadamente 700 millones servirán para mejorar la dotación de los Mossos d’Esquadra, mientras que los otros 759 millones provienen de la disposición adicional para compensar el déficit de inversión en infraestructuras contemplado en el 2008 con la aprobación del último Estatut. Los primeros 350 millones de euros (200 para el déficit en infraestructuras y 150 para la financiación de los Mossos) estarán recogidos en los presupuestos generales del Estado del próximo año, que prepara el Ministerio de Hacienda.
Como ha dicho Pere Aragonès, el vicepresidente económico de la Generalitat, son muchos los años de incumplimiento del Estado con Catalunya en materia económica, fiscal y financiera, y todavía quedan muchos asuntos pendientes. Por ello es importante garantizar que esas reuniones ahora iniciadas tengan continuidad.
Hay que remarcar, en cualquier caso, que el acuerdo alcanzado en la citada comisión bilateral no supone ningún trato de favor a Catalunya con respecto a otras comunidades autónomas, ya que comporta el estricto cumplimiento de obligaciones de pago pendientes que los gobiernos anteriores habían retrasado con el argumento de la falta de fondos a causa de la crisis. Los avances en la comisión, sin embargo, no deberían ser excusa para que la Generalitat siga sin asistir a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya que su presencia en ese organismo, en el que participan todas las comunidades autónomas, es importante.
Aragonès ha desvinculado el citado acuerdo financiero de un eventual apoyo de los partidos soberanistas al proyecto de ley de presupuestos del Estado para el 2019 del Gobierno de Pedro Sánchez. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha expresado en la misma línea. Pero a nadie se le oculta que para que dicho acuerdo pueda materializarse se necesita la aprobación de esos presupuestos y de los siguientes. Todo dependerá, por tanto, de la valoración política final que, desde la parte catalana, se haga de la nueva etapa de colaboración entre la Administración central y la autonómica que se ha iniciado.