Desalojo en la plaza Sant Jaume
FUERZAS antidisturbios de los Mossos d’Esquadra desmantelaron ayer por la mañana la acampada independentista de la plaza Sant Jaume: una veintena de tiendas de campaña en las que habían dormido, la última noche, dos personas. Los agentes recogieron el material desplegado –tiendas, mesas, sillas, bombonas y demás impedimenta– e indicaron a los campistas que podían seguir en la plaza si lo deseaban, pero desprovistos ya de sus enseres. La acampada se reducía así a concentración.
El celo de los agentes a la hora de especificar que se limitaban a retirar los elementos mencionados, pero sin privar a sus usuarios del derecho de manifestación, tenía por objeto evitar críticas de los soberanistas más radicales. Vana pretensión. Tras conocer la actuación policial, miembros de la CUP se apresuraron a reclamar la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch. No les faltaba razón cuando acusaron de incongruencia al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que por un lado llama a los suyos a la movilización permanente y por otro es el responsable último del desalojo. Ahora bien, puestos a evitar tal incongruencia, quizás no se trataría de renunciar al desalojo, sino de persuadir a Torra de que deje de llamar a la movilización permanente a una parte de los catalanes, vulnerando su condición de presidente de todos ellos, y no sólo de parte.
La denominada “Acampada per la llibertat” empezó el 11 de septiembre, asegurando que permanecería en el centro geográfico-institucional de Barcelona hasta que se implementara la república catalana. Después, se justificó la presencia de los acampados, y de quienes quisieran acompañarles, como un modo para evitar que policías y guardias civiles puedan manifestarse allí el próximo sábado, como tienen previsto, en homenaje a sus colegas que participaron en los hechos del 1-O.
Durante días, la Generalitat y el Ayuntamiento rehusaron proceder al desalojo, atribuyéndose mutuamente la responsabilidad de esta tarea y negando que fuera la suya propia. Ayer se impuso la cordura. Los agentes de los Mossos, una vez constatada la baja ocupación nocturna, temieron que las tiendas pudieran ser utilizadas por terceros con fines que ponían en riesgo la seguridad colectiva, y procedieron al desmantelamiento.
Todos los argumentos para el desalojo aquí reseñados son respetables. Pero hay uno más simple: el espacio público pertenece a todos y nadie debe colonizarlo, que es lo que se logra al afincarse en él instalando un campamento indefinido. Menos aún cuando entre los argumentos para defender la propia libertad de expresión se cita el propósito de obstaculizar la de otros.