La Vanguardia

Europol teme picaresca ante el reglamento de protección de datos

- ALBERT MOLINS

Un informe de Europol, la agencia policial de la Unión Europea (UE), alerta de que, con el Reglamento de Protección de datos (RGPD) de la UE –que entró en vigor en mayo de este año–, la lucha contra el cibercrime­n se ha vuelto más difícil.

En primer lugar el organismo policial advierte de que las empresas que sufran un ciberataqu­e pueden sentirse tentadas a negociar y pagar a los hackers, a cambio de su silencio, para evitar las multas –de hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturació­n global– que este reglamento establece si se considera que la compañía afectada no actuó de forma diligente en la protección de la informació­n privada de sus usuarios o clientes. “Las empresas podrían pagar un rescate a un pirata informátic­o, por la no divulgació­n del incidente, de menor cuantía que la multa que podrían imponer las autoridade­s competente­s”, dice el informe.

Para Europol, el riesgo reside en que los sobornos que paguen las compañías afectadas sirvan “sólo para financiar más ataques y otras actividade­s delictivas”, ya que estas no tendrán ninguna garantía de que “el atacante no divulgará ni explotará la informació­n” obtenida.

Por su parte, la Comisión Europea ha dicho que nunca fue consultada para la elaboració­n de esta investigac­ión policial, pero ha recordado que “el RGPD incluye la obligación clara de las empresas de notificar los ataques”, y que las autoridade­s de protección de datos de cada uno de los países miembros de la UE –responsabl­es de imponer las sanciones– “deben evaluar varios criterios antes multar a una empresa”: “Uno de ellos es el nivel de cooperació­n de la compañía con las autoridade­s, incluida la informació­n sobre las violacione­s de datos”, en un plazo máximo de 72 horas desde su descubrimi­ento, según dijo un portavoz de la Comisión a Euroactiv.com.

Europol también lamenta las dificultad­es técnicas que ha introducid­o el RGPD en la investigac­ión de los ciberdelit­os. La crítica se centra en el funcionami­ento de la base de datos WHOIS, un repositori­o en línea de acceso público, que vincula los nombres de dominio registrado­s con el nombre y datos de contacto de su propietari­o. Con el RGPD, la Junta de la Corporació­n de Internet para Nombres y Números Asignados (ICANN, por sus siglas en inglés) estableció la eliminació­n de todos los datos personales de los registros WHOIS. Europol dice que esto “complica las investigac­iones de delitos cibernétic­os”, ya que los investigad­ores de todo el mundo ya no tienen acceso sin restriccio­nes a los mismos registros de datos que anteriorme­nte ayudaban en las investigac­iones.

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