Trabajo titubea sobre revalorizar las prestaciones sólo con los precios
No hay que explicarle a ningún representante político las susceptibilidades que levanta cualquier reforma en el sistema de pensiones. Mientras en el Pacto de Toledo se ha enzarzado durante meses en debatir cómo mantener el poder adquisitivo de los jubilados, el anterior gobierno y el actual han coincidido en la prudencia de sus declaraciones al respecto. Sin embargo, en los últimos días, cuando el acuerdo parecía muy cerca, se han producido movimientos en el Ministerio de Trabajo. La semana pasada, mientras el grupo socialista navegaba en la ambigüedad, la ministra Magdalena Valerio aseguró en público que no descartaba abandonar la actualización automática con el IPC en época de crisis.
Ayer, apenas unas horas antes de que se hiciera público el esperado principio de acuerdo del Pacto de Toledo sobre subida de las pensiones, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, dio un paso más allá. Granado defendió en el Consejo de Economistas que la indexación de las pensiones comporta a largo plazo “efectos perversos”. Además, destacó que una vez asegurada por el gobierno una actualización de las pensiones al IPC que se acabe registrando a finales del 2018 y el 2019, es el momento de plantear una fórmula “permanente”. En estos dos años, explicó, el Ejecutivo se compromete a compensar la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido los jubilados desde el 2009. Para el 2020, Granado defendió la necesidad de arbitrar un nuevo modelo de revalorización que tenga en cuenta, junto al IPC, factores como los ingresos de la Seguridad Social o el PIB. ¿La idea? Superar la subida anual y garantizar el poder adquisitivo en periodos más largos, que contemplen el ciclo económico.
Ayer por la tarde, cuando los parlamentarios explicaban el acuerdo recién alcanzado, desde Trabajo matizaban las palabras de Granado con una nota, vinculando cualquier decisión... al Pacto de Toledo.