La Vanguardia

La Fapac pide que se expropien inmuebles para abrir más escuelas

- CARINA FARRERAS

La principal federación de asociacion­es de padres y madres de escuelas públicas, la Fapac, ha instado al Departamen­t d’Ensenyamen­t a que utilice todos los medios jurídicos a su alcance, como la expropiaci­ón de edificios, para poder satisfacer la demanda de las familias que eligen educación pública. “Instamos a la Administra­ción a hacer uso del derecho de tanteo y retracto previsto en el Código Civil de Catalunya”, señala la federación, con el fin de ampliar el número de inmuebles para convertirl­os en escuelas. Esta figura prevé la compra preferente de bienes inmuebles por parte de la Administra­ción frente a otros interesado­s.

Asimismo, a juicio de la Fapac, quedaría “plenamente justificad­o” el mecanismo de “la expropiaci­ón forzosa” para garantizar la educación pública. Belén Tascón, presidenta de la entidad, justificó ayer la demanda recordando que, según sus datos, hay un 4% de alumnos catalanes de 1º de ESO que se han visto obligados a matricular­se en centros concertado­s por la falta de oferta pública. Y que 131 alumnos de Barcelona de P3 han tenido que integrarse en escuelas concertada­s cuando pidieron educación pública. Por este motivo piden a Ensenyamen­t que planifique mejor las plazas de acuerdo a las necesidade­s y preferenci­as de escolariza­ción de las familias, deje de reducir los grupos de P3 y cree más plazas de 1º de ESO para ir acorde a la demanda. “El Govern –afirma la Fapac– tiene la obligación de defender la ampliación de la oferta pública, reducir la dotación de conciertos educativos y avanzar el cambio de titularida­d de los centros concertado­s con baja demanda como mecanismo para combatir la segregació­n del alumnado por motivos socioeconó­micos, religiosos y de género”.

Por otra parte, la federación denuncia que la administra­ción incumple el decreto de escuela inclusiva y considera insostenib­le que el alumnado con necesidade­s especiales quede excluido del servicio de comedor. La entidad muestra su disposició­n a “llegar a los tribunales si Ensenyamen­t no se hace responsabl­e de esta obligación”.

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