Las ciudades podrán reducir licencias de Uber y Cabify
Fomento traslada competencias a las comunidades autónomas y los ayuntamientos
El Gobierno aprobó ayer un real decreto ley que persigue poner punto y final a la guerra abierta desde los primeros días de verano entre el sector del taxi y las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), como Uber y Cabify. Fomento traspasa a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos la potestad para regular estos servicios, sobre todo en el transporte urbano, un ámbito donde se ha generado una fuerte competencia con los taxistas.
A partir de octubre del 2022, los ayuntamientos podrán fijar el número de VTC que circulen en sus ciudades; es decir, qué proporción de VTC por cada taxi en circulación. En la práctica, esto supone que podrán reducir el número de licencias operativas si lo consideran oportuno. Los titulares de las actuales licencias deberán obtener una nueva autorización. En caso de que alguna comunidad autónoma o ayuntamiento no quiera legislar, las licencias de VTC operativas sólo podrán hacer viajes interurbanos.
Sin embargo, desde la publicación de la nueva norma en el Boletín Oficial del Estado (previsiblemente hoy), las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán fijar las condiciones de precontratación, la solicitud de servicios, la captación de clientes, los recorridos máximos y mínimos, los servicios u horarios obligatorios y las especificaciones técnicas de los vehículos.
La nueva norma ha fijado una moratoria de cuatro años para que las empresas de VTC no exijan indemnizaciones por responsabilidad patrimonial. Se trata de un periodo transitorio para compensar los derechos perdidos por las inversiones realizadas. El sector de las VTC había calculado que las indemnizaciones por prohibirles trabajar en determinadas ciudades pueden alcanzar los 3.500 millones de euros. El Ejecutivo, para evitar hacer frente a esos pagos por el cúmulo de sentencias que podrían presentarse en los tribunales, ha fijado ese aplazamiento en cuatro años.
Esto supone que durante los próximos cuatro años, los vehículos VTC pueden seguir prestando servicios en el ámbito urbano. Al final de este periodo transitorio, las autorizaciones VTC de ámbito estatal quedarán habilitadas únicamente para prestar exclusivamente servicios interurbanos.
Con los últimos datos oficiales, a principios de septiembre, había 11.200 licencias de VTC, 469 más que el pasado mes de agosto. Esa cifra quintuplica el máximo de 2.184 que debería haber por ley, en función de los 65.539 coches que suma el sector del taxi. En estos momentos, la ratio operativa es de una licencia de VTC por cada seis taxis, cuando desde el año 2015, la ratio entre licencias VTC y taxi estaba fijada en 1/30.
Madrid se sitúa a la cabeza, con 5.277 licencias, seguida de Barcelona, con 1.926, y Málaga, con 1.075. En toda Catalunya hay operativas, en estos momentos, un total de 2.056 licencias, lo que representa el 18,35% del conjunto.
Hasta ahora, el problema se registraba en Madrid y Barcelona, pero al calor de las nuevas tecnologías, en otras ciudades como Sevilla, Málaga o València también están proliferando estos servicios de forma acelerada.
La ratio actual de un VTC por cada treinta taxis no se cumple debido a las resoluciones judiciales a favor de las licencias concedidas durante el periodo 2009-2015.
El camino que ha tomado el Ejecutivo de Pedro Sánchez para resolver este problema no satisface a ninguna de las dos partes implicada. Y el propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aseguró en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que ninguno de los dos sectores afectados “podrá decir que ha ganado”. A su juicio, “es un conflicto con muchos intereses, y el Gobierno no ha caído en ninguno concreto”. Para Ábalos, la prueba de que el Ejecutivo ha actuado con “racionalidad y objetividad” reside en que la moratoria de cuatro años que incluye la nueva legislación “a unos les parecerá muy poco tiempo y a otros un mundo”.
En opinión del titular de Fomento, el real decreto ley “equipara” en materia regulatoria al taxi y a los VTC, el único modo de transporte urbano que, según su opinión, “hasta ahora no se regulaba por instancias regionales y locales”.
Por su parte, el Govern de Catalunya anunció ayer que estudiará el real decreto ley aprobado ayer. También apuntó que se reunirá con este sector y el del taxi para “analizar la situación”. En paralelo, el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) y el Departament de Territori de la Generalitat se reunirán en los próximos días para definir las medidas temporales de restricción de las condiciones de servicio de las licencias VTC.
Unauto VTC, la patronal de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) que agrupa a plataformas como Cabify o Uber, considera que el Gobierno propone “un decreto lío” para regular su actividad y advierte de que la norma “sembrará inseguridad jurídica”. La asociación de VTC considera que la norma “cede claramente al chantaje” del taxi y lamenta que no se hayan tenido en cuenta a las 15.000 familias “que pueden quedarse sin empleo” por esta medida. En este sentido, Ábalos descartó que la mayor regulación y la eventual limitación de licencias VTC vayan a contribuir a que se generen pérdidas de empleo. En cualquier caso, el Gobierno abre la puerta a que, como poco, haya 17 legislaciones diferentes en el sector de las VTC. No obstante, la nueva norma tiene que recibir previamente la convalidación del Congreso y contar con apoyos de otros partidos.
Los taxistas, por su parte, se reunirán en asambleas en los próximos días para dar su visto bueno a la nueva legislación.
LA POSICIÓN DEL GOBIERNO Ábalos argumenta que se ha legislado con racionalidad y objetividad
LA PATRONAL DE LOS VTC Unauto tilda el decreto de “lío” y avisa de la inseguridad jurídica que generará