El pacto sobre los diputados presos queda en el aire
La oposición cuestiona la vía de sustitución y complica el debate de política general
Después de casi tres meses de negociación sobre la sustitución de los diputados suspendidos por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y cuando parecía que JxCat y ERC habían encontrado una solución in extremis, un conflicto formal amenaza el plan para reemplazar a los procesados por rebelión y complica la celebración del debate de política general previsto para el martes.
Los grupos tienen dudas sobre cuántos votos son necesarios para sustituir a Carles Puigdemont y los diputados presos, si esto debe aprobarse por mayoría simple o por mayoría absoluta. La diferencia es trascendental porque JxCat y ERC no cuentan ahora mismo con los votos necesarios para sacar adelante la sustitución por mayoría absoluta. Sí, en cambio, por mayoría simple, gracias al apoyo de los comunes.
La CUP no ha aclarado su posición a este punto pero siempre se ha opuesto a todo lo que suene a acatar el auto del Supremo, mientras que Cs, PSC y PP ya han anunciado que no participarán en el debate al considerar que las resoluciones judiciales “se cumplen, no se votan”.
El dictamen que los grupos de Govern pactaron y que ayer tramitó la comisión del Estatut del Diputat propone que los diputados procesados por rebelión cedan “sus derechos parlamentarios” a otros compañeros de forma temporal, una fórmula que se adaptaría a la propuesta que el juez Llarena hizo en la resolución de suspensión del 9 de julio y a la de los propios letrados del Parlament, tal y como manifestó ayer el letrado mayor, Joan Ridao.
JxCat y ERC interpretan que este punto puede aprobarse con mayoría simple, mientras que la oposición insiste en lo contrario. La duda surgió ayer por la mañana durante la comisión del Estatut dels Diputats. Alicia Romero, del PSC, y Santi Rodríguez, del PP preguntaron al letrado mayor sobre esta cuestión.
De la respuesta de Joan Ridao se infiere que los dos puntos del dictamen, el que pregunta sobre si hay que suspender a los procesados y el que propone sustituirlos, sólo se pueden aprobar con mayoría absoluta –68 votos–. Y se debería hacer así por una cuestión de reglamento de la Cámara y por la propia redacción del dictamen por parte de JxCat y ERC, puesto que habrían vinculado ambos puntos al artículo 25.1 del reglamento, que establece la necesidad de que el pleno lo apruebe por mayoría absoluta. JxCat y ERC insistían en cambio en que el letrado no había dicho eso, o que, en todo caso, otros letrados del Parlament lo interpretan de forma distinta.
El embrollo siguió toda la jornada y ayer no quedó aclarado. La solución llegará el próximo martes, cuando se ha programado una reunión de la Mesa del Parlament en la que se fijará el criterio con el que se tienen que llevar a cabo las votaciones. Entonces se desvelará si JxCat y ERC consiguen sustituir a los diputados procesados por rebelión y empezar al fin a celebrar plenos o, por el contrario, los debates y el control parlamentario al Govern quedarán de nuevo paralizados sine die.
Este no es el único interrogante al que se enfrenta el Parlament. Cs anunció ayer que prepara una querella criminal contra los miembros independentistas de la Mesa, contra el letrado mayor, Joan Ridao, y contra los representantes de JxC y ERC en la mesa de la comisión del Estatut del Diputat por “desobediencia” al auto de Llarena. El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, explicó que la Mesa del Parlament debería haber resuelto este asunto, y que el pleno no puede votar si se cumple o no una orden de los jueces. De hecho, el principal grupo de la oposición ya se ausentó de la comisión del Estatut del Diputat al oponerse a que la resolución del Supremo se discutiera allí. “Podríamos estar colaborando en la desobediencia de una resolución judicial”, advirtió el diputado de Cs, Joan García.
El movimiento del grupo de Inés Arrimadas ha enervado al president del Parlament, Roger Torrent, que ayer acusó a Cs de utilizar “la política de la querella por sistema”, cuando “en democracia a los Parlamentos se viene a dialogar y a debatir, no a amenazar”.
El texto pactado entre JxCat y ERC para solucionar la suspensión de los procesados es todo un encaje de bolillos para satisfacer a ambas partes. Por un lado, dice que el pleno ha de decidir si suspende
Cs anuncia una querella contra los miembros soberanistas de la Mesa y el letrado mayor
a los diputados y por tanto si acata o no la resolución del Tribunal Supremo. JxCat, ERC, los comunes y la CUP votarán en contra de la suspensión, mientras que Cs, PSC y PP no participarán en ella.
Pero inmediatamente después, el pleno votará si sustituye o no a los diputados mediante la delegación de voto, lo que tanto los letrados de la Cámara como la oposición interpretan como un cumplimiento del auto de Llarena, que ya proponía una fórmula similar para garantizar las mayorías parlamentarias.
Precisamente la CUP presentó una enmienda ayer para eliminar este segundo punto del dictamen y dejar sólo el primero, pero fue rechazada por JxCat y los republicanos. Ambas formaciones consideran sin embargo que su pacto deja intacto los derechos de los diputados procesados, que conservarían el acta y podrían votar de forma delegada, pero seguirán sin cobrar el sueldo de parlamentario.