Luz verde a la reserva de suelo para vivienda protegida
Colau saca adelante la medida con amplia mayoría
El de ayer, al contrario de los plenos de los últimos meses, no fue tosco. Imperó el tono sosegado. Fue una sesión con más acuerdos que desacuerdos. El más significativo: la aprobación inicial, tal y como estaba previsto, de la medida que obligará en Barcelona a los promotores de nueva vivienda y grandes rehabilitaciones a destinar el 30% a vivienda protegida. Y, ligada a esta, la ampliación a todo el término municipal del área de tanteo y retracto (que el Consistorio tenga prioridad a la hora de comprar). Medidas que la alcaldesa Ada Colau aboga ahora por llevar al conjunto del área metropolitana.
“Si somos capaces de mantener esta mayoría podemos extender (la reserva del 30%) a toda el área metropolitana”, dijo Colau. Y es que la propuesta, finalmente, se aprobó con los votos de 33 concejales de un total de 41: BComú, PDECat, ERC, PSC, CUP y los dos concejales no adscritos dijeron sí. Ciudadanos se abstuvo y tan sólo los tres ediles del PP votaron en contra. “Ha sido un año muy duro, pero algunos entramos en las instituciones para hacer algo así”, añadió la regidora con la voz tomada, a punto de llorar.
Los últimos plenos, para los comunes, y especialmente para Colau, han supuesto una auténtica cadena de fracasos. La medida sobre vivienda, aunque promovida por entidades como la PAH, la FAVB o el Observatorio Desc, se había concial vertido en una de sus propuestas más destacadas para este mandato, sobre todo después de derrotas políticas como la de municipalización del agua y, ligada a ella, la multiconsulta, la unión de los dos tranvías o la funeraria pública... Y ya no queda tiempo para mucho más. La de ayer puede ser la última gran victoria de Colau antes de que llegue el momento de las urnas.“Esto es un cambio de paradigma y no retórica”, aseguró la alcaldesa.
Antes de aplicarse, las nuevas medidas tendrán que recibir el visto bueno de la Subcomisión de Urbanismo de la Generalitat, ya que implican modificaciones del Plan General Metropolitano –proceso que suele tardar cuatro meses–; y, tal y como ocurrió con el Plan Espe- Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) , previsiblemente se pueden ver abocadas a una larga contienda de procesos judiciales. Al sector no le convence una medida, la del 30%, que en su opinión puede provocar una burbuja de precios y la paralización del sector en la ciudad.
“Tenemos que llegar a acuerdos de políticas de gran alcance y mirada metropolitana”, reclamó el concejal del PDECat Jordi Martí, que recordó que su grupo votó a favor después de que los comunes se hayan comprometido a que la vivienda
PLANES URBANISTICOS
El pleno da luz verde al plan de Vallcarca y al de Illa Glòries, con 238 pisos sociales
protegida no tenga por qué estar en todos los casos en el mismo edificio y se pueda ubicar en el mismo barrio o el entorno más inmediato. O que también se pueda aumentar la densidad de viviendas en algunas zonas y facilitar los trámites administrativos. Martí defendió, asimismo, que ese 30% se pueda aplicar pensando no sólo en la ciudad sino en todo el ámbito metropolitano. Condiciones, las planteadas por el PDECat, que podrían templar los nervios del sector, pero que, según denunció el presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento, Alberto
Fernández, no estaban incluidas en el documento que aprobó el pleno. “¿No sería mejor empezar a construir donde tienen solares? Disponen de 124 que están vacíos”, dijo el dirigente popular. “¿Dónde está la respuesta metropolitana? Sólo se encarecerá la vivienda, y huirán inversiones de Barcelona”, vaticinó Fernández.
El pleno dio también luz verde al nuevo plan urbanístico de Vallcarca, el del entorno de la calle Farigola, con los votos de comunes, PDECat, Cs, ERC, CUP y los dos concejales no adscritos. PSC y PP se abstuvieron. También quedó aprobado el plan urbanístico Illa Glòries, que prevé la construcción de 238 pisos destinados a alquiler público y que salió adelante con los votos de comunes ERC, PSC, la CUP y los dos concejales no adscritos (PDECat y Cs se abstuvieron).
En una sesión más calmada de lo habitual, destacó el tono conciliador que mantuvieron el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, y el número dos de ERC, Jordi Coronas, cuando, precisamente, se trataba un tema delicado: el de la inseguridad, debate del que se ausentó físicamente gran parte del tiempo la alcaldesa Ada Colau, responsable directa de las políticas en esta materia.
“Es evidente que las otras administraciones han de poner más recursos y que la fiscalía ha de ser más ágil, pero espero que estén de acuerdo en que el Ayuntamiento puede hacer más”, dijo Coronas. Y Pisarello hizo una pequeña autocrítica. Coronas propuso trabajar conjuntamente. Y Pisarello no dijo que no. ¿Acercamiento entre comunes y republicanos como deseó días atrás el previsible nuevo candidato de ERC Ernest Maragall? Algo de eso se palpó.
Esa moderación en las formas no evitó que llovieran críticas, quejas y demandas. Una de las más destacadas llegó con una proposición de Ciudadanos para que el gobierno local aclare de una vez por todas los recortes previstos. “Lo que pedimos es algo muy sencillo, que faciliten el plan de inversiones”, manifestó el concejal de la formación naranja Santiago Alonso.
“Ahora nos dirán que si el informe del interventor, que si el... Pues ese mismo informe dice que este año llevan el 19% de liquidación de inversiones cuando el año pasado era el 27%, y que este año tienen reconocido un 38% de ingresos de plusvalías cuando el año pasado era más del 60%...”, apuntó Sònia Recasens (PDECat). “Les estamos reclamando esta información desde julio”, añadió Montserrat Ballarín (PSC). “En julio se acordó la creación de una comisión que a día de hoy todavía no se ha hecho”, lamentó el popular Javier Mulleras.
Pisarello se acogió a la nota positiva de las agencias de calificación –aunque estas no se dedican a auditar las cuentas municipales– y defendió que caídas de ingresos, como ocurre con las plusvalías, se compensan con otros impuestos o con la persecución del fraude fiscal.