Juicio en enero y prisiones preventivas
SEGÚN varias fuentes judiciales consultadas por La Vanguardia, el juicio contra los políticos catalanes encausados por la intentona secesionista del año pasado empezará en enero de 2019. Las previsiones fueron otras y apuntaron a fechas más próximas. Pero numerosos recursos, la mayoría presentados por los abogados defensores, han retrasado el inicio del juicio.
Si el Tribunal Supremo inicia la vista oral en enero, es probable que el juicio quede visto para sentencia hacia marzo y que esta sea leída entre los meses de junio y julio. Si esto fuera finalmente así, la sentencia no caería en plena campaña para las elecciones municipales, europeas o autonómicas previstas para mayo del año próximo. Y, por tanto, no se convertiría en un factor que pudiera contribuir a movilizar el voto en un sentido u otro. Por no hablar de lo que pudiera suceder si en España o Catalunya se adelantaran comicios.
La causa del Tribunal Supremo que instruye el juez Pablo Llarena afecta a un total de 28 personas, tres de las cuales han visto su caso archivado. De las 25 restantes, siete se hallan en el extranjero y estuvieron sujetas a una orden de arresto internacional. Nueve están en libertad bajo fianza. Y las otras nueve están en régimen de prisión preventiva sin fianza. Entre estas últimas, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart son los que llevan más tiempo en la cárcel, puesto que ingresaron en ella hace ya cerca de un año (mediado octubre del 2017). Si su situación procesal no variara llevarían entre rejas cerca de dos años (menos tres o cuatro meses) cuando se conozca la sentencia. De correr la misma suerte, otros procesados como el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras o la expresidenta del Parlament Carme Forcadell llevarían para entonces un año y tres meses en prisión, ya que ingresaron en marzo de este año.
La larga duración de estas prisiones preventivas no satisface a una amplia mayoría de los catalanes. Es verdad que los delitos cometidos, más allá de la pertinencia de su calificación, son graves. Pero también lo es que, si no hay prórroga, dos años suele ser la duración máxima para los encarcelamientos preventivos. Y, sobre todo, que la concesión del régimen de libertad provisional contribuiría a relajar la tensión política en Catalunya. Por otra parte, no parece que el riesgo de fuga sea un argumento de peso, puesto que existen medios para conocer a toda hora el paradero de los encausados; y ha habido tiempo para reunir todas las pruebas necesarias para la instrucción, cerrada en mayo.
En los últimos días hemos escuchado a políticos de distinta filiación pronunciándose en favor de poner fin a estas prisiones preventivas de los encarcelados, dejándolos en libertad hasta que se celebre el juicio. Tiempo habrá para que regresen a prisión si son condenados. Por supuesto, ha habido muchas peticiones de este tipo entre los independentistas. Pero también en filas socialistas, donde desde la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo hasta el ministro de Exteriores Josep Borrell han declarado que no era lógico alargar la prisión preventiva. El líder socialista catalán Miquel Iceta fue algo más allá y añadió que los encarcelamientos duraban ya demasiado.
Como señalábamos más arriba, algunos de los delitos atribuidos, como los de rebelión, son graves. Pero desde una óptica política y pragmática es muy probable que el fin de estas ya largas prisiones preventivas tuviera más efectos positivos que negativos.