Deriva autoritaria
En el mundo, la democracia va de baja. Se calcula que, desde el año 2000, al menos veinticinco países han dejado de ser democráticos. El procedimiento ha sido casi siempre el mismo: un deslizamiento hacia el populismo y una erosión gradual de las instituciones, manteniendo en todo momento una fachada democrática. Sin golpes de Estado ni acciones ruidosas, para evitar las condenas internacionales. Con más o menos diferencias, eso es lo que ha ido ocurriendo en Rusia, en Turquía y en toda una serie de países que han optado por utilizar las instituciones democráticas para socavar la democracia.
Muchos observadores se preguntan si esto no está sucediendo también en Estados Unidos con Donald Trump. Después de un año y medio largo de presidencia del magnate de Nueva York, es lógico preguntárselo. La constitución norteamericana está preparada para resistir el impacto de presidentes poco respetuosos con las reglas del juego y cabe pensar que aguantará. Pero Trump es un ejemplo pésimo. La cordialidad que despliega con gobernantes de tendencias autoritarias como Rodrigo Duterte y Vladimir Putin y líderes de extrema derecha como Nigel Farage y Marine Le Pen es muy negativa para la salud democrática del mundo.
Por eso es tan importante la posición que la Comisión Europea ha adoptado en relación con Polonia y Hungría. Como seguramente el lector sabe, la Comisión Europea ha solicitado al Tribunal Europeo de Justicia que imponga medidas cautelares para bloquear la reforma del Tribunal Supremo aprobada por Varsovia. En diciembre, Bruselas acusó al Gobierno de Varsovia de violar los principios democráticos de la Unión e inició un procedimiento formal para privar a Polonia del derecho de voto. Hace dos semanas, el Parlamento Europeo votó a favor de iniciar el mismo procedimiento contra Hungría.
Hace tiempo que la Comisión Europea sigue con preocupación la deriva autoritaria de Varsovia y Budapest. A las medidas del Gobierno del partido derechista Ley y Justicia polaco para controlar la televisión pública, para hacer la vida imposible a los medios independientes y para reformar el sistema electoral en unos términos poco respetuosos con las reglas del juego democrático, hay que sumarles la legislación para controlar el sistema judicial, que es la gota que ha colmado el vaso. Por su parte, Viktor Orbán ha transformado Hungría a lo largo de los últimos ocho años en lo que él mismo no tiene empacho en llamar una democracia no liberal, que es un eufemismo para etiquetar un sistema de capitalismo clientelar dominado por un partido nacionalista de extrema derecha que cercena la independencia judicial, limita la libertad de expresión y practica una política abiertamente xenófoba.
A las autoridades comunitarias no les ha sido nada fácil decidirse a emprender esta ofensiva antes de las elecciones europeas de mayo. Sabían que si no actuaban les acusarían de no defender la democracia, pero que, si lo hacían, Varsovia y Budapest invocarían su soberanía y les acusarían de inmiscuirse en sus asuntos internos. Se trata de una batalla muy difícil de ganar, porque para privar a Polonia o a Hungría del derecho de voto es
La tarea de defender la democracia corresponde ahora a la UE y para ejercerla fuera de casa debe ser ejemplar dentro
necesario el apoyo unánime de los estados miembros, y como es lógico ni Polonia ni Hungría respaldarán ninguna propuesta en este sentido. Hay otra vía: condicionar las cuantiosas ayudas europeas que ambos reciben al respeto de los principios democráticos. Pero esto sólo será posible –si lo es– cuando entre en vigor el nuevo marco financiero plurianual en el 2021. De ahí que la Comisión haya recurrido ahora al Tribunal Europeo de Justicia.
Hay que ser realistas: la Unión es un club de estados y no puede ir más allá de lo que los estados miembros quieren. Pero la Comisión Europea hace muy bien en actuar como lo está haciendo. Con la deserción de los Estados Unidos, que bajo Donald Trump han abandonado el papel de líder del mundo libre ejercido con Barack Obama, la tarea de defender la democracia corresponde ahora básicamente a la Unión Europea, y para ejercerla fuera de casa debe ser ejemplar dentro. Si no, no tendría ninguna credibilidad.
El momento es peligroso. En todas partes, el terrorismo, unas desigualdades cada día más escandalosas y la emigración de los que huyen de la guerra o del hambre dan alas al populismo y a la xenofobia. Las redes sociales y la revolución tecnológica están minando la protección que la prensa libre nos ha ofrecido hasta ahora. La mentira y el autoritarismo ganan terreno y la verdad y el Estado de derecho lo pierden.
La democracia y la protección de los derechos humanos forman parte del ADN de la Unión Europea. El día que permanezcamos cruzados de brazos mientras un país miembro desafía abiertamente los valores democráticos, como están haciendo Polonia y Hungría, habremos firmado el acta de defunción del proyecto europeo. Por eso cabe esperar que, por una vía u otra, Bruselas consiga imponerse.