Presión del soberanismo sobre Sánchez para que haga gestos políticos
“El tiempo se acaba”, advierten al presidente del Gobierno desde el Palau de la Generalitat
La unilateralidad no está ahora sobre la mesa, y las negociaciones entre la Generalitat y el Estado prosiguen. Pero desde Palau se apremia al Gobierno para que, antes de fin de año, contribuya con medidas concretas a distender la coyuntura. El cheque de la moción de censura, vienen a decir, no es eterno.
“¿Qué estáis haciendo? ¡Están votando!”. Los gritos resonaban por un teléfono móvil en una sala de reuniones del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) ante la cara atónita del interlocutor y su acompañante, dos mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eran las 9.15 h del 1 de octubre del año pasado. La Guardia Civil llevaba tres días instaladas en el edificio, se habían bloqueado webs, servidores y hasta aplicaciones sanitarias de la Generalitat. “¡Haced algo!”, gritaban al otro lado de la línea.
El 1-O fue el día de la eclosión independentista y de la apoptosis catalana del gobierno de Mariano Rajoy. El día de la fractura consumada. El exministro del Interior Juan Ignacio Zoido mantiene hoy por hoy que el referéndum “no existió”, tampoco la violencia policial –“muchas imágenes eran falsas”, insiste– y presume de que se “cumplió la ley” y se “preservó la convivencia”. Las “caras largas” que vio el director del CNI en el equipo del PP en la Moncloa desmienten al ministro.
También las reacciones públicas de hace un año de los primeros ministros de Bélgica y Eslovenia, el presidente de Finlandia, los líderes liberales y socialdemócratas de la UE, los gestos del presidente del consejo de Europa, Donald Tusk, y hasta las últimas imágenes conocidas captadas por las cámaras GoPro de los agentes de la Policía Nacional y la guardia Civil. Agentes encapuchados deambulando por la Escola Nostra Llar de Sabadell echando abajo puertas al grito de “¿Dónde coño estarán las urnas?”, o guardias civiles confesando al abandonar Sant Martí de Sesgueioles –370 habitantes– que “desde detrás metía la porra hacia dentro, como si no hubiera mañana”.
Lo había. El conflicto persiste, aunque nada volvería a ser igual. Los protagonistas del momento están en la cárcel, el extranjero o han dejado la vida política. Un año después, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, reivindica el 1-O como el “día de la victoria” y convierte el aniversario en una oda a la desobediencia. “Desobedecimos y ganamos al Estado, necesitamos volver a hacer lo mismo”. Carles Puigdemont sostiene en su libro La crisi catalana (La Campana) que después del 1-O sólo se podía proclamar la república, y ahora Torra espera su “ventana de oportunidad” para hacerla “efectiva”.
Pero la comunión independentista en las calles no se corresponde hoy con las estrategias políticas. Junts per Catalunya y ERC asumen el mandato de la votación aunque, lejos de declaraciones unilaterales de independencia como la fallida del 27 de octubre, se da por hecho que no hay camino hacia la autodeterminación que no pase por la negociación con el Estado. Con la mitad de sus consellers en la cárcel y otros tantos en el extranjero, desde su Casa de la República en Waterloo, Puigdemont da por buena ahora una negociación a largo plazo con el Gobierno español con supervisión de la Unión Europea. En el Palau de la Generalitat están dispuestos a armarse de paciencia para lograr un diálogo político efectivo, incluso esperar a la próxima legislatura, pero para eso Pedro Sánchez deberá “tomar decisiones” y “el tiempo se acaba”.
La amenaza lanzada por Sánchez desde Nueva York no hará efecto inmediato. El PSOE necesita de los votos de ERC y el PDECat para aprobar los presupuestos, y el presidente amenaza con elecciones si los partidos independentistas no colaboran. En el Govern reclaman “hechos” más allá de la gestión del autogobierno y normalizar las transferencias del FLA. Pagar deudas y retirar recursos de inconstitucionalidad contra leyes del Parlament ha consolidado un nuevo escenario de distensión, pero el cheque en blanco del voto en la moción de censura tiene fecha de caducidad: finales de año, coincidiendo con el inicio del juicio del 1-O y la aprobación de los presupuestos.
“Los presupuestos están condicionados a la política, no sólo a la gestión”, sostienen fuentes del Govern, y aseguran que el Ejecutivo del PSOE puede hacer “muchas cosas”. Y no sólo que la Fiscalía reconsidere la acusación de rebelión. El abanico va desde que el ministerio público apoyara poner fin a la prisión preventiva, en la línea de las manifestaciones de la vicepresidenta Carmen Calvo; que la abogacía del Estado, que participa en la causa a partir del delito de malversación de fondos públicos, se retire como acusación; o que se retiren las acusaciones contra miles de investigados por el proceso soberanista.
Desde el Ejecutivo catalán se reconocen los esfuerzos del Gobierno
EL MARGEN DE MANIOBRA
En el Govern advierten que los presupuestos del Estado están condicionados al diálogo
EL JUICIO DEL 1-O
En Palau creen que la Moncloa puede hacer gestos de la mano de la Abogacía del Estado
EL DIÁLOGO
JxCat y ERC tienen sus propios emisarios con Madrid, pero no hay solución sin Puigdemont
CONFLICTO ENTRE SOCIOS
A la tensión electoral se suma ahora la polémica por las cargas de los Mossos del sábado
de Sánchez y la dificultad de avanzar en el proceso de distensión con Catalunya teniendo en cuenta la debilidad de la mayoría que lo sustenta, pero en JxCat no hay miedo a unas elecciones generales. Incluso se sostiene que hay en ERC quien defendería una candidatura conjunta al Congreso en busca del efecto Scottish National Party en la Cámara de los Comunes. Si además el Tribunal Supremo impone duras condenas a los líderes del proceso, Torra vería su “ventana de oportunidad” y el president está “determinado”, sostienen en su entorno.
De momento, las reuniones se suceden. Cualquier avance depende del visto bueno de diferentes actores en el terreno independentista, pero en la Moncloa identifican a Elsa Artadi como interlocutora con el aval del president Torra y Puigdemont. También ERC tiene sus propios emisarios. En la agenda sigue pendiente la segunda reunión entre presidentes, en esta ocasión en el Palau de la Generalitat, y que unos y otros sitúan en noviembre. El objetivo es que más allá del gesto, la cita concluya con acuerdos palpables. No obstante, tras los primeros contactos exploratorios, las reuniones siguientes no han cumplido las expectativas de los partidos independentistas, que reclaman “coraje” a Sánchez.
Otra cosa es la procesión interna. La convivencia entre los socios del Govern es buena en las formas y de competencia en el fondo. La crisis parlamentaria por la orden del Tribunal Supremo de suspender a los diputados encarcelados se ha cerrado en falso y ha paralizado el resto de negociaciones pendientes entre los dos grupos, comenzando por la sustitución de los miembros de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que se había fijado para el tercer pleno de la legislatura, y el relevo de las direcciones de TV3 y Catalunya Ràdio.
El pragmatismo de ERC choca con la retórica de Puigdemont y Torra, pero a las tensiones crónicas se suma en las últimas horas la polémica por las cargas de los Mossos contra los independentistas que se enfrentaban el sábado a la manifestación de Jusapol. El choque va más allá de la CUP, y ERC lo aprovecha con Marta Rovira.
La tensión electoral también ha reorientado las estrategias. Mientras ERC ha dado pasos adelante de cara a las municipales con Ernest Maragall para cortocircuitar tentaciones de lista unitaria independentista, JxCat sigue trabajando para vehicular una apuesta electoral en torno a la Crida que impulsa Carles Puigdemont. Otra cosa es el anuncio de Oriol Junqueras de encabezar la lista republicana al Parlamento Europeo. Junqueras renunciaría a su escaño en el Parlament, pero situaría su causa –y las repercusiones de su hipotética condena– en las instituciones comunitarias. El líder de ERC achicaría así espacios de altavoz internacional que ahora ocupa Puigdemont desde Waterloo y rebatiría al expresident. Afirmar que “desde la cárcel no puedo luchar” se considera en ERC un golpe a la dignidad de los líderes encarcelados en Lledoners, Puig de les Basses y el Catllar. Y Junqueras “no se arrepiente” de no haberse marchado. “Quiero continuar luchando, como he hecho siempre, por la libertad de mi país”, escribió el sábado Junqueras a la militancia de ERC apelando al legado del 1-O.