Movilización y avance
La situación política un año después de la celebración del 1-O; y la expansión internacional de las empresas de infraestructuras españolas.
SE cumple hoy un año del referéndum por la independencia que convocó a casi 2,3 millones de votantes, a pesar de las 52 cargas policiales en colegios electorales en busca de urnas y papeletas por orden judicial. Dejaron alrededor de mil heridos y contusionados, y un archivo de imágenes que sorprendieron desagradablemente, y mucho, a la opinión pública internacional. Un año después, hay más de 850 encausados, veinticinco de los cuales serán juzgados por el Supremo a principios del 2019 por rebelión, malversación y desobediencia. De estos últimos, siete se hallan en el extranjero.
Si se analiza por los resultados, es evidente que el pulso con el Estado no le ha ido bien al soberanismo. Hubo una declaración formal de independencia que no tuvo más resultado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Supuso la destitución del gobierno de Puigdemont y provocó la huida de alrededor de 4.500 empresas, la gran mayoría de las cuales no han vuelto, aunque desde el punto de vista económico se ha notado de forma relativa por cuanto el crecimiento de Catalunya sigue siendo el más alto de España. Si bien el independentismo ha demostrado una sorprendente capacidad de resistencia –volvió a ganar en las urnas el 21-D y reunió a un millón de personas en la última Diada–, también es cierto que del 1-O salió políticamente dividido y socialmente desnortado. Aunque no es menos verdad que en la internacionalización del conflicto el independentismo lleva ventaja en la cuestión judicial, al rechazar los jueces alemanes, escoceses, belgas y suizos el delito de rebelión, lo que ha obligado al juez Llarena a retirar la euroorden.
Tampoco el año transcurrido resultó fructífero para el gobierno de Rajoy, apartado por una moción de censura a la cual no es del todo ajena su responsabilidad en lo ocurrido. La reiterada incapacidad del ejecutivo popular para hallar una propuesta política alternativa, la errónea gestión del referéndum limitada a una contundente respuesta policial que le ha desacreditado internacionalmente –según acepta incluso el ministro Borrell– y el desvío de la responsabilidad a los jueces –que no ha tenido otra consecuencia que el crecimiento del independentismo– son también responsables de la grave situación en la que se encuentran Catalunya y España. Es decir, una crisis territorial sin precedentes, dos bloques enfrentados y extremadamente polarizados y ensimismados en sus relatos, y una falta de horizontes políticos muy preocupante. Con razón se ha asociado todo el proceso a un naufragio.
El cambio de gobierno en Madrid del pasado 2 de junio ha supuesto un alivio de la tensión. La recuperación del diálogo, el acercamiento de los políticos presos y la negociación de acuerdos sobre infraestructuras –qué gran error del presidente Torra fue no asistir a la reunión para el corredor mediterráneo– y sobre financiación pretenden romper el hielo entre la capital del Estado y Barcelona. Aunque lo peor son las limitaciones de unos y otros para encarar una negociación política, que es en definitiva la que puede resolver el problema. En cambio, en el horizonte no se otean más que nubarrones, empezando por el juicio de los 25 que se iniciará a principios del 2019 y que durará entre dos y tres meses, para dictar sentencia después de las municipales y europeas. Una sentencia que se prevé con duras penas de cárcel y cuya resolución definitiva no se cerrará, con toda certeza, hasta que los tribunales europeos hayan decidido sobre los probables recursos. Por tanto, la cuestión puede ir para largo.