La ley de la gravedad
Los hechos de octubre han derivado en una larga lista de causas y acusados que se enfrentan a severas condenas
Cada vez es más compartida –incluso entre quienes promovieron esa estrategia– la opinión de que la respuesta exclusivamente judicial a los acontecimientos de octubre en Catalunya no fue una buena opción. Ahora, las causas judiciales cortocircuitan día sí y día también los intentos de volver a hacer política. Lo cierto es la lista de causas judiciales y de personas imputadas, entre políticos, agentes de la ley, funcionarios públicos y ciudadanos de a pie no ha parado de crecer a lo largo de este año en los que jueces, fiscales y policias se han empelado a fondo para identificar a los actores de aquella acción unilateral y a la vez masiva que fue el 1-O que puede acarrear graves sentencias.
Los líderes independentistas, a juicio en enero
25 procesados
En las próximas semanas el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra los líderes independentistas dictará el auto de apertura del juicio oral, fase previa a la celebración del juicio que, según el calendario que maneja la Sala, podría iniciarse en enero después del paréntesis navideño. La causa se dirigirá contra los encarcelados Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa y Josep Rull por un delito de rebelión y malversación de fondos públicos. En el banquillo como acusados de desobediencia y malversación también se sentarán los exmiembros del Govern que abandonaron la política Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila; y por desobediencia los exmiembros de la Mesa del Parlament y la exdiputada de la CUP, Mireia Boya. Llarena decidió abrir una pieza separada para los desplazados en el extranjero, Carles Puigdemont, Marta Rovira, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Anna Gabriel que fueron declarados en rebeldía y que no serán juzgados por ahora.
Trapero será juzgado tras la sentencia del Supremo
En la Audiencia Nacional
El juicio contra el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero se celebrará después de que el Tribunal Supremo haya dictado sentencia contra los líderes independentistas. Esta es la decisión que ha adoptado la Sala al considerar que debe mantenerse la unidad de criterio para enjuiciar los mismos hechos. En la causa está imputados por sedición además de Trapero, el exdirector general de los Mossos, Pere Soler, el exdirector general de Interior, César Puig y la intendente del Eixample, Teresa Laplana.
Juzgado 13, la rebelión decae
Más de cuarenta imputados
La causa original del procés es la que instruye el juzgado de instrucción 13. Lo que empezó siendo una investigación abierta a raíz de una conferencia de Santi Vidal en la que sugería que el Govern conocía los datos fiscales de los catalanes, pasó a convertirse en la puerta de entrada para investigar los preparativos y la logística de la consulta del 1-O. Durante toda la instrucción, los acusados se les ha anunciado que su imputación responde al delito de rebelión y sedición, pero en uno de sus últimos autos dictados, el juez aclara que no investiga ninguno de esos ilícitos puesto que es competencia que corresponde al Tribunal Supremo y que los delitos que aprecia son los de desobediencia y malversación. En esta causa se empezó a investigar a Josep Maria Jové que fue detenido el 20-S en una operación policial que originó una gran protesta a las puertas de la consejería de Economía y que sirvió de sustento para acusar de rebelión a los líderes del procés y a la cúpula de interior. Además, un documento titulado “Enfocats” junto a las notas personales incautadas a Jové se erigen en la prueba clave para cimentar la acusación al considerar que acredita que el Govern contaba con el recurso de la violencia para llegar a la secesión.
Buch, Lloveras y Jové, pendientes del TSJC
Desobediencia continuada
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya imputó por desobediencia continuada en septiembre de 2017 a los líderes de las entidades municipalistas: al actual conseller de Interior, Miquel Buch – entonces presidente de la AssoBarcelona ciació Catalana de Municipis– y a Neus Lloveras, expresidenta de la Associació de Municipis per la Independència y exalcaldesa de Vilanova i la Geltrú. Sus casos fueron enviados al Supremo pero rechazaron incluirlos en la causa con lo que el TSJC debe citarlos a declarar próximamente. Buch y Lloveras se les acusa de mandar una carta a los alcaldes en la que “se les indicaba que debían proceder a confirmar la disponibilidad de los locales de votación, al tiempo que se les facilitaba un modelo de decreto de alcaldía para mostrar su apoyo político al referéndum”. Otro de las personas que también rechazó incorporar a la causa del Supremo fue Josep María Jové, actual diputado de ERC, cuya imputación fue derivada al TSJC que deberá pronunciarse en los próximos días. La Fiscalía pide su imputación por desobediencia, malversación y revelación de secretos por no impedir la celebración del referéndum, elaborar el censo de votantes y por el uso indebido de recursos públicos. El fiscal descartó la semana pasada y “por ahora” la imputación por desobediencia del actual vicepresidente, Pere Aragonès.
Alcaldes, pendientes de la Fiscalía
La investigación sigue en marcha
La Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, fallecido un mes y medio después, ordenó citar a todos los alcaldes que promovieran el referéndum, bajo apercibimiento de detención si no se presentaban. En total, 712 alcaldes fueron citados a declarar como investigados por la cesión de los locales municipales para la votación. La Fiscalía debía finiquitar el trámite para presentar las querellas en el plazo de seis meses pero el plazo se ha prorrogado hasta en dos ocasiones para seguir con las investigaciones. El ministerio público en función de cada caso puntual. Otra causa que investigaba el pago de los viajes de varios alcaldes a Bruselas para participar en un acto junto a Puigdemont fue archivado esta semana.
Carpetazo a los expedientes a los Mossos
Imputados 72 agentes
La actuación de los Mossos d’Esquadra fue calificada de polémica por algunos colectivos y ciudadanos anónimos que consideraron que habían incurrido en dejación de funciones y los denunciaron ante el juzgado. Hasta 143 agentes fueron citados a declarar. Después de estudiar los indicios, los jueces mantienen como imputados a 72 agentes por su presunta inacción el 1-O. Las irregularidades detectadas en algunos videos también empujó a la División de Asuntos Internos de los Mossos a abrir varios procedimientos disciplinarios. En un principio se incoaron expedientes contra 220 agentes que acabó arrojando actuaciones presuntamente anómalas en 120 casos. La semana pasada, todos los expedientes quedaron archivados.
Policías nacionales, sin identificar
Investigados 24 agentes
El juzgado de instrucción 7 de concentró el mayor número de denuncias por lesiones de personas que fueron víctimas de las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. De las 250 denuncias, 150 fueron archivadas al no poder identificar a los agentes. De momento, 24 policías han sido imputados por usar la fuerza de forma desproporcionada. El juez de Barcelona ha subrayado en sus autos que los agentes actuaron con desproporción y llevaron a cabo en algunos casos golpes injustificables. En su último escrito reprocha a los agentes que no actuaron con “la proporción exigida” y advierte que en algunos casos su intervención en los centros de votación llegó a ser “peligrosa”. En Lleida, se juzgaron a dos policías que fueron absueltos.
Profesores en la picota
La mayoría, archivadas
La Guardia Civil, apoyada por la Fiscalía Especial de Delitos de Odio, denunció a profesores de dos centros–uno de Sant Andreu de la Barca y uno de la Seu d’Urgell– por haber proferido comentarios presuntamente humillantes contra los agentes de policía al día siguiente del 1-O. La causa contra los docentes de la Seu d’Urgell fue archivada y el juez avisó del riesgo de aplicar la doctrina de odio “para sancionar conductas muy alejadas del ámbito aplicativo”. En el instituto de Sant Andreu de la Barca, de los nueve docentes investigados, cuatro se mantienen abiertas. Algunos profesores imputados de aquel centro pidieron el traslado para el nuevo curso.