El comercio choca contra la pared del Ayuntamiento
que va de año, en las estadísticas policiales, en la casilla correspondiente a denuncias por ofrecimientos sexuales, figura un cero rotundo que minimiza incluso las nueve sanciones testimoniales del año 2017.
A juzgar por los datos de que disponen la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra, Barcelona parece estar viviendo este año un periodo de mayor tolerancia en lo que respecta al consumo de alcohol en la vía pública. El número de sanciones entre el 1 de enero y el 31 de agosto todavía es considerable (más de 17.000), aunque esta cifra representa una caída del 22,6% respecto al año pasado.
Las asociaciones de comerciantes y empresarios de la ciudad afectados por el top manta –agrupadas en una plataforma que integra a más de cuarenta entidades– no sólo se sienten perjudicadas por esta actividad al margen de la ley, sino también por la escasa sensibilidad del gobierno municipal hacia sus reivindicaciones. Se plantean diversas actuaciones. Por un lado, una campaña informativa con la que, entre otras cosas, se querrían contrarrestar algunos mensajes que en torno al fenómeno mantero se emiten desde el Ayuntamiento de Barcelona. Los afectados por el top manta admiten que detrás de las personas que se dedican a la venta ambulante ilegal se esconde un drama social, pero también pretenden comunicar que precisamente esta actividad perjudica de manera muy seria a miles de trabajadores y a sus familias, con la caída de ingresos de los negocios y, en muchos casos, la pérdida de empleos. Una de las primeras cosas que piensan hacer es algo tan sencillo como contabilizar de la manera más precisa posible cuántos puestos de trabajo suman las empresas y asociaciones integradas en esta plataforma reivindicativa. Algunas fuentes apuntan otro hecho no menor que tener en cuenta, el de la fiscalidad a la que tienen que hacer frente los comerciantes mientras que quienes más se están lucrando del top manta –que no son necesariamente los vendedores– se libran del pago de impuestos.
La otra posible vía de actuación de los afectados por este fenómeno desbocado es la de elevar sus quejas a otras administraciones en vista de la escasa atención que les presta el Ayuntamiento de Barcelona. En este sentido, las fuentes consultadas por La Vanguardia apuntan que la dirección general de Comerç de la Generalitat podría realizar una estimación del impacto económico de la venta ambulante ilegal. En paralelo se está haciendo gestiones para que en las instancias más altas del gobierno autonómico, incluido el presidente Quim Torra, el problema que genera el top manta a muchos comerciantes se conozca de primera mano.
Hasta la fecha, el Síndic de Greuges ha tratado de mediar en el conflicto del top manta sentando a una misma mesa a todas las administraciones y entidades que tienen algo que decir al respecto. A menudo estos intentos, sin embargo, han quedado neutralizados por la escasa voluntad de algunos representantes políticos por encontrar soluciones a un problema que durante mucho tiempo, e incluso ahora, se han esforzado en minimizar.
¿MENOS BOTELLÓN?
El consumo de alcohol en la vía pública se sanciona un 22,6% menos que en el 2017
EN BUSCA DE INTERLOCUCIÓN Los comerciantes quieren trasladar su creciente malestar también a la Generalitat