Recurso denegado
Los jueces creen que cabe limitar la autonomía sin llegar a su plena suspensión
El Supremo avala el control de cuentas de la Generalitat aplicado antes del 155.
El control de las cuentas de la Generalitat que el gobierno de Mariano Rajoy (PP) estableció en el 2017, antes de la aplicación del 155, no plantea problemas de legalidad. Esta fue la decisión que ayer tomó por unanimidad la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), ante la que la Administración catalana y Podemos presentaron sendos recursos, ahora rechazados. Queda claro, por tanto, que, a juicio del Alto Tribunal, el ejecutivo no se extralimitó cuando en septiembre del año pasado intervino las cuentas de la Generalitat, una medida que se justificó como orientada a evitar que el Govern destinara fondos públicos a un referéndum declarado ilegal y prohibido por el Tribunal Constitucional.
La importancia de las sentencias acordadas no se deriva tanto de que dejarán resueltas las impugnaciones pendientes, sino de que van a contener una doctrina eventualmente aplicable a situaciones similares futuras, si llegaran a producirse. Es decir, que habrá un precedente y que el Supremo va a despejar dudas sobre los límites de la acción del Gobierno si pretende limitar o controlar las competencias de una comunidad autónoma. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que los recurrentes cuestionaban que el ejecutivo de Rajoy pudiera actuar como lo hizo, interviniendo las cuentas de la Generalitat en una situación en la que el Govern mantenía teóricamente todas sus competencias.
En septiembre del 2017, en efecto, aún no se había puesto en marcha la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el que permite la suspensión de la autonomía, un precepto activado por el Senado a petición de Gobierno tras la declaración unilateral de independencia (DUI), en octubre del año pasado. Los recursos se presentaron rápidamente, pero poco después de que entrara en vigor el 155, el Gobierno pretendió que la controversia había perdido objeto, porque con la puesta en marcha de esa nueva medida, el botón nuclear, el ejecutivo ya controlaba sin limitaciones las cuentas de la Generalitat, porque había asumido su gestión por completo. Consecuentemente, el gobierno del PP pidió que los magistrados dieran carpetazo al asunto.
El Supremo, no obstante, se negó a considerar que los recursos habían perdido sentido y, consecuentemente, rechazó archivar el caso. Prosperó, en cambio, la tesis de que tenía mucho interés aclarar si cabe una zona intermedia entre el pleno ejercicio de las competencias de una comunidad autónoma y su completa suspensión. Es decir, si el Gobierno tenía y tiene posibilidades de actuar en el control de una autonomía sin llegar al extremo de suspender sus actuaciones. Y la conclusión que llegará ahora con estas sentencias –cuya redacción concreta se dará a conocer en los próximos días– es que esa vía intermedia, el control de las finanzas, sí tiene pleno respaldo legal.