JxCat y ERC sustituyen el voto de seis diputados y acatan a Llarena
La CUP, parte de la mayoría independentista, vota en contra de la iniciativa
El Parlament de Catalunya ha aprobado finalmente la sustitución de Carles Puigdemont y los otros cinco diputados procesados por rebelión de acuerdo con el auto de suspensión dictado por el juez del Tribunal Supremo. En este auto, Pablo Llarena proponía el relevo temporal de los diputados para mantener las mayorías parlamentarias y, en realidad, eso es lo que acabó aplicando la Cámara catalana no sin antes haber mantenido una larga discusión jurídica y política en el seno de la mayoría del Govern (JxCat y ERC), que ha durado casi tres meses y que les permite sostener el relato de la desobediencia.
Carles Puigdemont y los diputados presos –Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull– conservarán su voto delegado y el acta –es probable que mañana ya se haga efectivo su voto delegado–, pero no cobrarán su sueldo, como ocurre desde que el Supremo publicó la resolución.
ERC registró ayer mismo una solicitud para que Junqueras y Romeva designen su voto en el portavoz de su grupo, Sergi Sabrià. En cambio, JxCat considera que la suspensión ha sido rechazada y no prevé ningún trámite extra para que sus diputados, incluido Puigdemont, “sigan votando de forma delegada como ya lo hacían hasta ahora”. Las solicitudes se podrán tratar en la reunión de la Mesa que se celebrará esta tarde en el Parlament y deberían quedar aprobadas para las votaciones en el pleno de mañana, sin las cuales la mayoría de Govern se arriesga a perder más de una votación en el pleno de mañana. JxCat y ERC consiguen así salvar el debate de política general, que comenzó ayer, y el inicio de la plena actividad en la Cámara, que no celebraba debates desde principios de julio.
Ahora bien, la jornada de ayer también evidenció el creciente distanciamiento entre los grupos de Govern y con su socio prioritario, la CUP, un desencuentro que ha ido a más raíz de los disturbios de los últimos días y que pone en riesgo la ajustada mayoría independentista en el Parlament.
Paradójicamente, mientras ERC y JxCat trataban de disimular, o cuanto menos maquillar, su obediencia al Supremo, Cs y PP se ausentaron de las votaciones, que calificaron de “un fraude” y “ataque a la democracia”. La líder de la oposición, Inés Arrimadas, reiteró que su grupo interpondrá una querella contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el resto de la Mesa por “desobediencia”. Según su criterio, los diputados deberían haber sido suspendidos directamente, sin más.
El PSC, en cambio, permaneció en el hemiciclo, aunque tampoco votó el dictamen. “Dejen de engañar, cumplan las resoluciones judiciales sin tanto teatro”, insistió la diputada socialista Alicia Romero.
JxCat y ERC se vieron obligados a acudir a los comunes para sacar adelante su acuerdo sobre la aplicación del auto de Llarena ante la negativa de la CUP a secundar lo que consideran una desobediencia insuficiente: “No se puede hablar de movilizaciones permanentes y luego enviar a los Mossos a disuadirlas, igual que no se puede llamar a la desobediencia civil y luego sustituir a los diputados”, lanzó el anticapitalista Vidal Aragonés. Así pues, la unidad de acción del bloque independentista no aguantó la prueba del primer pleno del curso político. Tanto JxCat como ERC temen que se convierta en una tónica general.
En esta tesitura, los comunes son vistos por la mayoría como aliados e incluso alternativa a la CUP en cuestiones sociales o de “defensa de los derechos civiles”.
Los comunes observan con cautela esta estrategia. El grupo que ahora lidera Jéssica Albiach no quiere situarse al lado de Cs, pero tampoco desea aparecer como muleta de la mayoría de Govern, una posición que parte de su electorado, sobre todo el de Podemos, no entendería. De hecho, ayer justificaron su voto junto a la mayoría del Govern “por responsabilidad y para sacar al Parlament del bloqueo y hacer política”, aclaró la diputada de los comunes Marta Ribas.
Los procesados ya ejercerán el voto delegado mañana merced al acuerdo por el que Cs se querellará