Los temas del día
La condena a prisión de Rodrigo Rato por el caso de las tarjetas black, y el ultimátum de Quim Torra a Pedro Sánchez para que convoque un referéndum en Catalunya.
LA condena de Rodrigo Rato a cuatro años y medio de cárcel por el Tribunal Supremo por un delito continuado de apropiación indebida a través del uso fraudulento de las conocidas como tarjetas black durante su etapa como presidente de Bankia –entidad que quebró bajo su mandato– es la primera sentencia en firme que recae sobre el que fue vicepresidente económico de los gobiernos de José María Aznar entre 1996 y el 2004 y posteriormente director general del Fondo Monetario Internacional. La citada sentencia es un capítulo más de la negra etapa de escándalos y de corrupción que han afectado a las élites de este país durante los años del auge económico. Afortunadamente, la justicia hace su trabajo y pone a cada uno en su sitio, pero el desprestigio personal de Rato, dada su relevancia, contamina también la imagen de las instituciones del país y debilita la confianza ciudadana.
Rato tiene otras cuestiones con la justicia pendientes de resolución. Ahora lo que ha hecho el Supremo es confirmar la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el 23 de febrero del 2017 por la que se condena a Rato y también a 63 exdirectivos de Caja Madrid y de Bankia que utilizaron asimismolascitadastarjetasdecréditoopacasaHacienda, con penas que oscilan entre cuatro meses y cuatro años y medio de cárcel. Todos ellos utilizaron las tarjetas para sus gastos personales por un total de 11,8 millones de euros, a sabiendas de que era una práctica ilegal que, además de suponer un fraude al fisco, ocasionaba un quebranto económico a la entidad financiera. Las penas varían para algunos de los condenados al estimar el Supremo la atenuante de reparación del daño al devolver el dinero gastado ilegalmente. Finalmente son doce las personas con condenas superiores a los dos años de prisión sin atenuantes.
Considera acreditado el Supremo que el sistema de tarjetas black funcionaba desde 1988, cuando Jaime Terceiro era presidente de Caja Madrid, y se prolongó también durante el mandato de Miguel Blesa, ya fallecido, hasta la transformación de la entidad en Bankia. En el caso concreto de Rato el Alto Tribunal sentencia que, cuando accedió a la presidencia de la entidad, mantuvo ese sistema que estaba pervertido en su origen y se benefició personalmente del mismo. Dadas sus responsabilidades, experiencia y preparación para el cargo, según el Supremo, no podía ignorar el funcionamiento opaco y anómalo de dichas tarjetas y, a pesar de ello, mantuvo el sistema, lo amplió, se lucró indebidamente y permitió el lucro de los demás.
Rato, además del caso de las tarjetas black, está imputado en la Audiencia Nacional por un presunto fraude y estafa en la salida a bolsa de Bankia. También está imputado por presunto fraude fiscal, blanqueo de capitales, delito fiscal y corrupción entre particulares, como resultado de las sospechas de haber cobrado comisiones irregulares millonarias a cambio de la concesión de los contratos de publicidad de Bankia.
Cuesta entender cómo una persona que dirigió la economía de este país durante unos años de floreciente expansión, que incluso estuvo a punto de ser presidente del Gobierno, y que ha dirigido los designios de una institución como el Fondo Monetario Internacional, haya podido estar involucrada en tan desastrosos y fraudulentos manejos financieros. Los hechos demuestran, ahora, que no era una persona digna de tan altas responsabilidades. Afortunadamente, como hemos dicho, la justicia pone a cada uno en su sitio y contribuye, aunque con más lentitud de la que sería deseable, a la regeneración de la vida política. Aunque el daño ya está hecho.