Viorica Dancila
“Si la Comisión debe ser brutal en su evaluación, lo será”, advierte Timmermans
PRIMERA MINISTRA DE RUMANÍA
Tras alertar sobre la deriva autoritaria en Polonia y Hungría, la Comisión Europea cuestiona ahora Rumanía, donde ve retrocesos en el funcionamiento del Estado y se muestra contraria a una futura reforma del sistema judicial.
Después de Polonia y Hungría le llega el turno a Rumanía, el tercer país al que la Unión Europea acusa de violar el Estado de derecho. En esto caso, estamos aún en los prolegómenos del proceso y no, como en los dos anteriores, con el Artículo 7, el conocido como botón nuclear, ya activado, pero el aviso que ayer dio el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, fue meridiano: “Si la Comisión debe ser brutal en su evaluación, lo será. Y si debemos utilizar otros instrumentos a nuestra disposición, lo haremos”. No es una amenaza, precisó Timmermans, aunque la verdad es que lo pareció bastante, pero dejó una puerta abierta al enfatizar que las leyes que reforman el sistema judicial rumano que más preocupan a Bruselas aún no están aprobadas y que, por tanto, hay margen de corrección. Son afirmaciones que hizo en la sesión que el Parlamento Europeo dedicó a lo que, según Bruselas, supone una deriva en la lucha contra la corrupción y la independencia del poder judicial en Rumanía.
El holandés Franz Timmermans, número dos de Jean-Claude Juncker, va camino de convertirse en el sheriff europeo que agita su placa en defensa del Estado de derecho. Un camino pedregoso en esta Unión Europea en la que el avance de los populismos y la seducción de los regímenes iliberales se está abriendo camino. Que controlar el respeto de los valores de la UE es una misión de la Comisión Europea nadie lo duda; que mostrarse hiperactivo en este terreno levanta ampollas, tampoco es un secreto. En los países del Este europeo, ver a dos vecinos, Polonia y Hungría, forzados a dar explicaciones sobre su sistema judicial y a un tercero, Rumanía, que empieza a ser cuestionado, provoca desazón como poco. Consciente de ello, el comisario Timmermans alargó todo lo que pudo los plazos antes de solicitar la aplicación del artículo 7 a Polonia, y la petición para Hungría llegó de manos del Parlamento Europeo sólo después de una intervención provocadora de Viktor Orbán.
En el caso rumano, el país está sometido a un Mecanismo de Cooperación y Verificación desde el día mismo de su ingreso en la UE en el 2007; un control específico que se adoptó vistas las deficiencias de funcionamiento del Estado rumano en aquel momento. Ayer, Timmermans se quejó de que “hemos visto progresos sustanciales en el pasado, pero ahora se está retrocediendo”, para recordar también que en noviembre
Bruselas considera que hay un retroceso en la lucha contra la corrupción y la independencia judicial
la Comisión Europea publicará sus recomendaciones sobre la situación del Estado de derecho en Rumanía. Serán la base sobre la que determinar qué medidas hay que tomar. En el debate, el liberal Guy Verhofstad pidió a la primera ministra rumana, Viorica Dancila, que no siguiera el mal ejemplo de Polonia y Hungría, y que garantizara la independencia de los tribunales; mientras que el popular Gonzalo Fernández Pons, dijo que la gente quería “integridad, transparencia y justicia”. La primera ministra rumana manifestó su disposición a dialogar con la Comisión Europea y a escuchar todas las voces, pero no los bulos y las mentiras, y pidió confianza en que su país respetará el Estado de derecho.
Esta confianza será puesta a prueba este mes de octubre cuando la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, presentará su informe final sobre las leyes rumanas objeto de la controversia, seguido de sus peticiones de enmiendas. Se trata de un amplio proyecto de reformas que el Partido Socialdemócrata (PSD) impulsó desde su llegada al poder a finales del 2016 y que, desde el punto de vista de Bruselas, puede debilitar la lucha contra la corrupción y permitir a responsables políticos escapar de causas judiciales.