El Gobierno quiere cambiar la ley de Patrimonio de Aragón
Prórroga de tres meses antes de ir al Constitucional
La ministra de Política Territorial y Función Pública Meritxell Batet firmó ayer un acuerdo con el gobierno de Aragón por el que ambas partes se conceden una prórroga de tres meses para limar sus diferencias respecto a la ley de actualización de derechos históricos de Aragón, aprobada por las cortes de esta comunidad autónoma el pasado junio. Esa posibilidad, contemplada por el artículo 33.2 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, es una fórmula prevista para la negociación entre Estado y Comunidades Autónomas orientada a evitar la interposición de recurso de inconstitucionalidad.
La decisión se toma por parte del Gobierno tras solicitar un informe del Consejo de Estado que considera que la ley invade competencias estatales. El Grupo Popular ha anunciado también que recurrirá esta norma. Los ministerios de Hacienda, Interior y Educación ya informaron desfavorablemente sobre ley al Gobierno de Aragón cuando aun estaba en trámite. Sin embargo, el Gobierno socialista de Aragón siguió adelante con el proyecto y logró el apoyo en el Parlamento regional no sólo de su grupo sino también de Podemos, IU, CHA y PAR. Votaron en contra PP y Ciudad anos.
La ley 8/2018 de 28 de junio proclama que “Aragón es una nacionalidad con más de doce siglos de historia”, que fijó sus límites territoriales a principios del siglo XIV. Sobre este territorio, sucesivas generaciones “fueron construyendo una nación fundada en la defensa de sus libertades, dotada de instituciones singulares”. El artículo 25 dice que “el pueblo aragonés tiene el derecho histórico a que regresen a Aragón todos los bienes integrantes de su patrimonio político, jurídico e histórico que se encuentran fuera de su territorio”. Y a continuación indica que la Diputación General desarrollará las actuaciones necesarias para el “regreso” de los bienes aragoneses depositados en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el MNAC, el Museu de Lleida y el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca. Este punto choca con la titularidad pública de estos bienes por parte de otras instituciones. La inclusión de este apartado significaría un aval para futuras reclamaciones judiciales como la que ya se ha planteado desde Sijena. La ley incluye una disposición adicional que declara de “interés general” los bienes artísticos del patrimonio histórico-cultural de Aragón “que hayan salido de su territorio sin un título válido de propiedad”. Y plantea para estos bienes la posibilidad de una expropiación.
Otro punto que de no modificarse acabará en el Tribunal Constitucional es el que hace referencia al Archivo de la Corona de Aragón porque se trata de una competencia del Gobierno Central. Según esa ley, “Aragón tiene el derecho histórico a participar de forma preeminente en la dirección y gestión del Archivo de la Corona de Aragón”. Y además el artículo 26.4 lo integra sin más en el Sistema de Archivos de Aragón.
La norma aragonesa pide el regreso de bienes que están en el MNAC, Barcelona, Salamanca y Madrid