El Gobierno suprime el impuesto al sol y da más cobertura al bono social
Se aprueba un plan de choque de seis meses para reducir el precio de la luz
En España hay 26 millones de consumidores eléctricos, 11 millones con precio regulado
El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto para los próximos seis meses que persigue contener las alzas en la factura de la luz. Algunas medidas aprobadas beneficiarán a los 26 millones de consumidores eléctricos, mientras que otras van enfocadas a ofrecer mayor cobertura a los ciudadanos más vulnerables.
Una de las medidas estrella de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera –la anunció en cuanto se formó el Ejecutivo–, es la derogación del llamado impuesto al sol, una medida que aprobó el PP en el 2015. Con la eliminación del cargo que se imponía a los autoconsumidores por la energía generada y consumida en la propia instalación, se persigue incentivar el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y el autoconsumo en España.
Ribera destacó en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que con esta medida se busca paliar “el retraso de España en esta materia”, ya que no es lógico que “un país rico en sol como España cuente con 1.000 instalaciones, frente al millón que tiene Alemania”. “Hay un largo recorrido”, apuntó. En España, la potencia eléctrica registrada en instalaciones de autoconsumo asciende a 1.196 megavatios de los cuales sólo 170 corresponden a instalaciones de fuentes de energía renovables.
Con la nueva regulación, se simplifican los trámites burocráticos para las instalaciones que no superen los 100 kilovatios. Además, se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala.
Según fuentes ministeriales, incentivar el autoconsumo contribuye a limitar a la subida del precio en el mercado mayorista, al disminuir la demanda y aumentar la oferta. También contribuye a abaratar algunas tecnologías, como la solar fotovoltaica, que ha reducido sus costes un 80% en cinco años. Y el consumidor, tras la inversión inicial, puede empezar a reducir sus costes de electricidad, así como a ejercer un mayor control sobre su gestión energética.
Este plan de choque que el Ejecutivo ha activado para los próximos seis meses, hasta que se efectue una reforma integral del sistema energético, ha diseñado medidas que afectan a todos los consumidores eléctricos. Una que ya se anunció a mediados de septiembre es la reducción a tipo cero del impuesto del 7% que se aplica a la generación eléctrica. Esto beneficiará a todos los usuarios, estén en el mercado regulado o en el libre. Supone recortar la recaudación de Hacienda en unos 1.000 millones, pero para los clientes supondrá una bajada de entre el 2% y 3% en su factura eléctrica.
Los usuarios con contador digital también podrán contratar la potencia en múltiplos de 0,1 kilovatios para ajustarla mejor a sus necesidades de consumo, Hasta ahora los escalones eran de 1,1 kilovatios. Por ejemplo, un cambio de potencia de 0,5 kW –de 4,6 a 4,1 kW– supondrá un ahorro anual de 26 euros para una familia de cuatro personas. Se prohibirá a las eléctricas hacer contrataciones “puerta a puerta” para robar clientes de la competencia. Y se les exigirá a las comercializadoras que detallen a los clientes acogidos a precios regulados (PVPC) el ahorro que habrían obtenido si se hubieran decantado por una tarifa con discriminación horaria.
Ribera resaltó que se tiene que hacer una factura más comprensible, ya que la mayor parte de la gente no entiende los conceptos que figuran en la actualidad.
Entre las medidas que se han incluido en la nueva normativa figura la eliminación de la figura del gestor de carga para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, con objeto de agilizar este mercado. Es decir, que cualquier empresa, desde supermercados hasta restaurantes, podrán implantar puntos de recarga propios en sus instalaciones sin tener que recurrir a los servicios de empresas ajenas.