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El malestar de los Mossos d’Esquadra por la mala gestión del primero de octubre, y el preocupante aumento del crédito al consumo, germen de un futuro problema financiero.
EL cuerpo de los Mossos d’Esquadra pasa por un momento de malestar general debido a la mala gestión de las manifestaciones del aniversario del 1-O en la Via Laietana y el Parlament, en Barcelona, y ante la subdelegación del Gobierno, en Girona. Una deficiente planificación de la jornada ha hecho aflorar problemas por la insuficiencia de agentes convocados y por las órdenes técnicas emitidas desde el mando político que pusieron en alto riesgo a algunos mossos, como fueron los de seguridad ciudadana ante el edificio de la Ciutadella. Todo ello ha provocado una gran preocupación de un cuerpo policial que, por otra parte, ha dado suficientes muestras de madurez y de eficacia desde que, en el 2008, se completó su despliegue en el territorio catalán.
Aunque no es la primera vez que la actuación de los Mossos es cuestionada, lo cierto es que en esta ocasión todo indica que la responsabilidad de la imprevisión es compartida entre los mandos de la estructura política y los de la policial. En primer lugar, se libró incomprensiblemente a una parte de los agentes que actuaron el sábado, 29 de septiembre, para evitar enfrentamientos entre manifestantes de signo contrario en el centro de Barcelona. En segundo lugar, no se suspendieron las clases que aquel lunes se impartían a una treintena de mandos y suboficiales en la escuela de los Mossos, en Mollet del Vallès, a pesar de que el día 1 de octubre estaban previstas concentraciones masivas de protesta.
También la tardanza en dar las órdenes para dispersar a los manifestantes más radicales, tanto en Girona como en la Via Laietana, ante la Jefatura Superior de la Policía Nacional, es motivo de crítica severa. Una decisión que, según todas las informaciones, retardaron los mandos políticos del Departament d’Interior y que causó momentos de enorme preocupación ante el Parlament, cuando los agentes que lo custodiaban, claramente insuficientes, se vieron desbordados y se refugiaron en su interior, mientras los manifestantes más radicales golpeaban las puertas del edificio. La tensión provocó incluso fuertes discusiones entre mandos políticos y policiales, como las provocadas por la detención y posterior liberación de un menor en Girona.
Una de las causas de este desbarajuste en un día tan señalado fue sin duda la confusión generada por las órdenes políticas. Desde Interior se pretendía probablemente que un año después de las cargas de la Guardia Civil y la Policía Nacional por el referéndum, los Mossos no aparecieran cargando contra manifestantes independentistas. Una imagen que no sólo no se evitó, sino que se cayó de bruces en ella. Y, finalmente, aparece la evidente incapacidad política del Govern de asumir públicamente que los Mossos deben velar por el orden público allí donde está comprometido, como ocurrió aquel día.
Es lógico, por tanto, que los agentes de la policía catalana y sus representantes estén profundamente molestos. De ahí el elocuente silencio con que fue recibido el conseller Miquel Buch en la inauguración del curso escolar de los Mossos y que unos 4.500 agentes se manifestaran ayer por el centro de Barcelona para exigir responsabilidades y soluciones. Desde que el cuerpo policial se ganó el respeto de todos tras su intervención en los atentados de la Rambla y de Cambrils, en agosto del 2017, los Mossos atesoran un gran crédito ante la ciudadanía en tanto que policía moderna y al servicio del ciudadano. Comprometer esta conquista es un error y una irresponsabilidad, como lo fue la campaña en su contra que se desató tras los citados atentados terroristas.