Sánchez e Iglesias pactan más gasto social en el presupuesto
El efecto de las cuentas en Catalunya será de 3.200 millones
El Gobierno y Podemos ofrecen con el acuerdo casi un programa de legislatura
El Ejecutivo pide apoyo a ERC y PDECat, que insisten en exigir un gesto con los presos
“Situar a las personas en el centro de la política” es el declarado objetivo compartido. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactaron en la noche del miércoles en la Moncloa un acuerdo presupuestario que, tras los últimos tiras y aflojas de los equipos negociadores que se demoraron hasta la madrugada, escenificaron ya a primerísima hora de la mañana de ayer con su firma, una amplia sonrisa y un fuerte apretón de manos.
El acuerdo trasciende el contenido económico y supone una rectificación completa del rumbo de austeridad que inauguró José Luis Rodríguez Zapatero en mayo del 2010 y cuya superficie de corte afilaron los sucesivos gobiernos de Mariano Rajoy. Y envía un mensaje potente: comenzar a reponer a las clases populares y clases medias depauperadas el sacrificio obligado a que fueron sometidas durante la década de
EL AVAL EUROPEO
El Consejo de Ministros aprobará el lunes el plan presupuestario que remitirá a Bruselas
la crisis económica.
El acuerdo quedará encajado en el plan presupuestario que el Consejo de Ministros aprobará el próximo lunes, en una reunión extraordinaria, para su inmediata remisión a Bruselas. Y así, el Gobierno asegura empezar a revertir los recortes económicos y a recuperar los derechos sociales cercenados por los siete años de mandato de Mariano Rajoy, al tiempo que cumple escrupulosamente con el compromiso de consolidación fiscal ante la Comisión Europea.
El documento, de 50 densas páginas y con los logotipos en feliz sintonía del Gobierno de España y del grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, contiene, no obstante, mucho más que un acuerdo sobre los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Es todo un programa de legislatura en común que, incluso si finalmente las cuentas no logran ver la luz, se reconvertirá en toda una declaración de intenciones tanto de Sánchez como de Iglesias para las próximas elecciones generales.
En la Moncloa se declararon “muy satisfechos”, en todo caso, por haber logrado subir este primer peldaño para unos nuevos presu- puestos con Unidos Podemos. Aunque la escalera aún tiene otros muchos peldaños que Sánchez se propone ahora seguir subiendo, con el PNV, con ERC y con el PDECat. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, reclamó ayer tras el Consejo de Ministros el apoyo de los partidos independentistas catalanes porque este proyecto de presupuestos, aseguró, “será muy beneficioso para la sociedad catalana”.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sacó de inmediato la calculadora y cifró en 2.200 millones de euros el extra para las cuentas de la Generalitat (y un efecto global aproximado de 3.200 millones en Catalunya), si estos presupuestos ven la luz. Ahora bien, Montero reiteró que en la negocia-
ción con las formaciones independentistas sobre los presupuestos, el Gobierno sólo hablará de presupuestos, no de referéndums de autodeterminación en Catalunya ni de las acusaciones de la Fiscalía General del Estado contra los políticos independentistas presos.
Montero confió en que, salvo el PP y Ciudadanos, los dos partidos que aseguró que se han “autoexcluido” de la negociación presupuestaria por “miopía política”, el resto de las formaciones parlamentarias podrán sumarse. “Por tanto, somos optimistas”, resumió. Hay que tener en cuenta que lo acordado en negro sobre blanco entre el Gobierno y Unidos Podemos no es, advierten en la Moncloa, “la palabra de Dios”. Es decir, que todo es susceptible de modificación para sumar al resto de grupos imprescindibles para que estas cuentas vean la luz. “Todos tenemos que estar dispuestos a renuncias”, advirtió la ministra de Hacienda.
En Podemos son conscientes. Saben que el acuerdo no son las tablas de la ley. Pero, del mismo modo que asumen la insuficiencia de algunos de los acuerdos –en especial, la resistencia de los socialistas a medidas impositivas fuertes para el sector bancario o a subir el tipo de IRPF a clases acomodadas, desde 70.000 euros al año de ingresos–, se quedan, por una parte, con la letra de algunas estrofas, y con la agradable melodía del resto. En cuanto a la letra, están felices por el efecto real e inmediato de medidas como la subida del salario mínimo, el blindaje de las pensiones al IPC, la mejora de la financiación de la dependencia, las rebajas tributarias a los autónomos con bajos ingresos, la recuperación del subsidio de desempleo a mayores de 52 años, o el IVA reducido a productos de higiene femenina.
Pero es en la música del resto de acuerdos donde el acuerdo trasciende con mucho lo presupuestario: en materia de vivienda, por ejemplo, la nueva regulación del mercado de alquiler –que otorga a los ayuntamientos soberanía para intervenir allí donde los precios se disparen, con moratorias y límites de precio–, así como la ampliación del periodo de los contratos de alquiler (suben de tres a cinco años) y el incremento del 38% del presupuesto para actuaciones públicas que incrementen el parque público (por adquisición, restauración o construcción) para homologar a las ciudades españolas con las grandes capitales europeas no suponen un mero aumento de la inversión pública, sino un cambio estructural de la política de vivienda, de corte neoliberal, de los últimos veinte años.
Algo similar ocurre con el pacto en torno al mercado eléctrico: a la mejora de los bonos sociales y los mecanismos de protección para la población de menos ingresos, se suma un acuerdo que rectifica la política del sector en su conjunto, in- cluido un ambicioso horizonte de descarbonización de la producción energética, y una modificación en profundidad de la actual factura, que reduce el tramo fijo y amplía el variable (el que se paga en función de consumo), para incentivar el ahorro energético y mejorar la proporcionalidad de la factura, así como la supresión de la sobrerretribución (conocida como “beneficios caídos del cielo”), que es una retribución que reciben tecnologías anteriores a la liberalización del sector que sin embargo ya están amortizadas. Este concepto distorsiona al alza el coste de producción y afecta directamente a la factura. Sobre el papel, el acuerdo supone un giro copernicano del actual modelo energético español.
En Podemos, en este sentido puramente político, celebran el acuerdo para lograr que las bajas de maternidad y paternidad sean iguales, intransferibles y retribuidas al 100%, tanto como que el Gobierno haya asumido como propio el proyecto de ley integral contra
LA SUMA GENERALITAT Y ESTADO El efecto acumulado de todas las medidas en Catalunya llegaría a los 3.200 millones
SATISFACCIÓN CONTABLE Podemos celebra los pactos en desempleo y SMI, por su efecto en los bolsillos inmediato
POLÍTICAS ESTRUCTURALES Los acuerdos en energía, vivienda e igualdad suponen un profundo giro político
las violencias sexuales, que trasciende el ámbito de la violencia en la pareja.
El ánimo de la formación morada es de moderada satisfacción por el proyecto económico, menos ambicioso de lo que pretendían, pero a la vez de entusiasmo disimulado por una nueva orientación política que trasciende las cuentas del 2019 y que prefigura la posibilidad de un futuro gobierno de consuno.