Keiko Fujimori
Tras anularse el indulto a su padre, la opositora está acusada de financiación ilegal
LÍDER DE LA OPOSICIÓN EN PERÚ
La hija del que fuera presidente de Perú Alberto Fujimori, nuevamente en prisión, y ahora convertida en líder de la oposición al Gobierno de Lima, ha sido detenida por un supuesto caso de financiación ilegal de su partido.
Perú es, después de Brasil, el país sudamericano donde la corrupción más está trastocando los cimientos políticos. Y en el origen también está la multinacional brasileña Odebrecht, que sobornó a decenas de políticos en el continente, gobernantes y candidatos, como la diputada y líder de la oposición peruana, Keiko Fujimori, detenida por lavado de dinero. El fujimorismo recibe otro golpe, después de que hace pocos días el padre de Keiko, el exdictador Alberto Fujimori, viera anulado el indulto que, por otra parte, acrecentó la pelea entre sus hijos.
La detención de la excandidata presidencial a las elecciones del 2011 y el 2016 –en ambas quedó segunda– se produjo el miércoles cuando Keiko Fujimori, de 43 años, acudió voluntariamente a declarar a la fiscalía por la causa abierta hace más de dos años, que la investiga por recibir fondos ilegales de Odebrecht para financiar su campaña del 2011. La orden de detención preventiva dura diez días. Junto a Fujimori, fueron detenidas otras 19 personas vinculadas a Fuerza Popular, incluidos los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. El marido de la diputada, el estadounidense Mark Vito, prestó declaración junto a su esposa, pero fue dejado en libertad. Keiko denuncia “persecución política” en un mensaje manuscrito colgado en Twitter. “Me han detenido sin fundamentos jurídicos”, afirma. “Me han perseguido 18 años, y nunca han mostrado una prueba”, insiste Fujimori, recordando que “ya la semana pasada anularon abusivamente el indulto humanitario de mi padre, y ahora a mí y otros fujimoristas nos detienen”. “No van a truncar nuestro proyecto político”, agrega, para concluir que “el fujimorismo es un sentimiento que crece en momentos de adversidad”.
El juez Richard Concepción fundamenta la detención por el riesgo de fuga y obstrucción de la investigación, acusando a Fujimori de liderar “una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular)”. Aunque Keiko lo niega, el empresario Marcelo Odebrecht –condenado en Brasil por el caso Petrobras–, y su representante en Perú, Jorge Barata, han reiterado que dieron dinero a la campaña de Fujimori del 2011. La policía brasileña encontró en el teléfono de Odebrecht la siguiente anotación: “Aumentar Keiko a 500 y hacer visita”, con la que los investigadores deducen que la cantidad aportada debía ascender entonces a medio millón de dólares, aunque en total la constructora habría pagado 1,2 millones de dólares para esa campaña. El partido trató de blanquear el dinero haciendo pasar los fondos ilegales de la multinacional como microdonaciones de supuestos simpatizantes.
“Está en shock y muy afectado en su salud”, dijo una fuente anónima a Radio Programas del Perú sobre la reacción de Alberto Fujimori a la detención de su hija. El autoritario expresidente (1990-2000) está desde el 3 de octubre en una clínica de Lima, donde ingresó horas después de que el Tribunal Supremo anulara el polémico indulto concedido la pasada Navidad por el entonces mandatario, Pedro Pablo Kuczynski. Fujimori, de 80 años, debe completar su pena de 25 años, de los cuales ya cumplió doce, tras recibir varias condenas por delitos de lesa humanidad y corrupción.
En las últimas elecciones, Keiko perdió la presidencia ante Kuczynski por 41.000 votos. Primera fuerza en el Congreso, el fujimorismo se ha dividido y ha perdido simpatías después del enfrentamiento entre Keiko y su hermano Kenji, expulsado del partido tras el indulto a su padre y las polémicas grabaciones que provocaron la dimisión en marzo de Kuczynski y su sustitución por Martín Vizcarra.
El nuevo presidente se ha demostrado más fuerte de lo que parecía y de momento está ganando el pulso lanzado al fujimorismo y al Congreso, que amenazó con disolver si no aprobaba un referéndum de reforma constitucional –convocado para el 9 de diciembre– para acotar la corrupción en un país que tiene a todos sus expresidentes vivos investigados o procesados por los sobornos de Odebrecht.
Todos los expresidentes vivos de Perú están siendo investigados por corrupción