El reparto del pastel
Siete firmas, sospechosas de pactar sus ofertas en licitaciones públicas
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto un expediente sancionador a siete constructoras por los “indicios racionales” de haber actuado concertadamente para repartirse licitaciones de obra pública de las distintas administraciones.
Siete constructoras podrían haber actuado concertadamente para repartirse licitaciones de obra pública de las distintas administraciones, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Este organismo asegura tener “indicios racionales” de la existencia de este cártel, por lo que ha abierto un expediente sancionador a las citadas compañías, todas ellas filiales de grandes grupos (Acciona Construcción, Corsán-Corviam Construcción, Dragados –ACS–, FCC Construcción, Ferrovial Agromán, Obrascón Huarte Laín –OHL– y Sacyr Construcción) por presunta vulneración de la legislación española y europea afectando a los consumidores y al correcto funcionamiento de los mercados. Este procedimiento que se acaba de iniciar no prejuzga el resultado final de la investigación. En 18 meses deberá instruirse y resolverse. En caso de que el superregulador finalmente considere que ha habido infracciones muy graves, podría imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.
Las prácticas presuntamente ilegales habrían consistido, según la CNMC, en “acuerdos e intercambios de información entre dichas empresas con el objeto y/o efecto de restringir la competencia en el ámbito de las licitaciones convocadas por las distintas administraciones públicas en España para la construcción y rehabilitación de infraestructuras y edificios”. Estas actuaciones concertadas, añade el organismo que preside José María Marín Quemada, habrían tenido “especial incidencia en la preparación de las ofertas técnicas de cara a dichas licitaciones y se habrían instrumentado, entre otras vías, mediante la constitución de un grupo estable y formal constituido por las citadas empresas”. De este modo, prosigue el organismo, estas compañías “decidían con carácter semanal si contrataban conjuntamente los distintos aspectos que incluía la oferta técnica de las licitaciones que iban haciéndose públicas”.
La incoación del expediente es consecuencia de la instrucción de otro abierto con anterioridad que no tenía relación con el caso. Determinada documentación obtenida en este otro procedimiento propició la apertura de otro en el seno del cual se llevaron a cabo inspecciones domiciliarias en cuatro de las empresas los días 30, 31 de mayo, 1 y 2 de junio del 2017. Estas actuaciones abarcaron concursos para la construcción de autovías, puentes, líneas ferroviarias de alta velocidad, urbanizaciones de terrenos, entre otras infraestructuras de transporte; para la construcción y rehabilitación de edificios (colegios, hospitales, promociones de viviendas de protección oficial o bibliotecas) y para el diseño y la construcción de instalaciones de tratamiento de agua (depuradoras, desaladoras, estaciones de tratamiento...). La CNMC no ha facilitado el importe global de las licitaciones afectadas por esta presunta infracción.
Fuentes de Ferrovial indicaron a Europa Press que su participación en los hechos investigados “no infringe la legislación sobre competencia”. De igual forma, Acciona aseguró a la citada agencia haber actuado “en todo momento dentro de la legalidad”, con lo que manifestó su confianza en que el expediente se “se archive sin mayores consecuencias”. Este grupo manifestó que su “relación con sus clientes, proveedores y competidores se desarrolla siempre, y en todo caso, dentro del máximo respeto a la legislación aplicable y, en particular, a la de defensa de la competencia”, y aseguró que colaborará “plenamente con la CNMC a lo largo del procedimiento” y reiteró su “absoluto compromiso con el cumplimiento de las normas de defensa de la competencia”.
Las constructoras se enfrentan a este expediente sancionador después de que algunas de ellas estén también incluidas en otro procedimiento similar sobre el denominado cártel de las basuras, que la CNMC decidió reabrir –nunca antes lo había hecho–, el pasado mayo después de que la Audiencia Nacional anulara la resolución que dictó en el 2015 por la que impuso una histórica multa de 98 millones de euros. Esta investigación afecta a 51 compañías.
Las investigadas habrían formado un cártel que se reunía semanalmente para copar los concursos