El 9-N será caso cerrado en el plazo de un mes

Dos instancias clave, el Supremo y el Tribunal de Cuentas, van a dictar sus respectivas sentencias sobre la consulta del 9-N a lo largo del mes de noviembre. En la primera tendrá lugar la vista del recurso contra la sentencia del TSJ de Catalunya que condenó por desobediencia a Artur Mas y otros exmiembros del Govern. El Tribunal de Cuentas, a su vez, dará a conocer en el plazo de un mes su fallo sobre los 5,2 millones de euros que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Societat Civil Catalana (SCC) le reclaman al propio Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsellers Irene Rigau y Francesc Homs en concepto de responsabilidad contable, por el uso de dicha suma para una votación ilegal.

Ambos pleitos han discurrido en paralelo y con más conexión de la que pudiera parecer. La vista en el Tribunal de Cuentas concluyó ayer en medio de un gran debate sobre la importancia o no de que nadie acusara en su día a Mas y sus exconsellers del delito de malversación: si no se persiguió en vía penal un supuesto mal uso del dinero público para la consulta, por qué ahora se reclama su restitución a la Generalitat por vía de demanda ante el Tribunal de Cuentas.

Para el fiscal Miguel Ángel Torres, el abogado del Estado Javier Borrego y el letrado de SCC Manuel Zunón, la reclamación es obligada porque 5,2 millones se gastaron para un fin –la consulta– sobre el que la Generalitat no tenía competencias y que fue prohibida por el Constitucional. Para las defensas –ejercidas por los letrados Entrena, Llàcer, Saura, Rosell y Ràfols– no hay base para la demanda si no hay gastos realizados tras la prohibición de la consulta por parte del TC y nadie acusó en su día de malversación. El fallo queda ahora en manos de la exministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, que presidió la vista.

Vista para sentencia en el Tribunal de Cuentas la demanda en la que se reclaman 5,2 millones por la consulta del 2014