El derecho a tener hijos
La lectura del libro Una sociedad sin hijos, del economista Manuel Blanco Desar, y las opiniones de demógrafos sobre el declive demográfico me han animado a escribir este artículo. De entrada, bienvenido sea el debate. Se considere que nuestra demografía es un problema o no, lo relevante es que se esté hablando de ello. Lástima que esta controversia se circunscriba al mundo académico y que la política siga alejada de ella. A lo sumo, y con suerte, en alguna polémica parlamentaria sobre pensiones aparece alguna referencia a si el factor demográfico influye mucho, poco o nada en la sostenibilidad del sistema.
De todo lo discutido y discutible hay hechos ciertos que no se pueden cuestionar. Se podrá opinar que la actual situación demográfica debe preocupar o no en relación con el futuro de nuestra sociedad. Se podrá afirmar –como sostiene Blanco Desar– que una sociedad sin hijos tiene un futuro difícil o, por el contrario, se podrá mantener –como hace un grupo de demógrafos en otro libro titulado Demografía y pos verdad. Estereotipos, distorsiones y falsedades sobre la evolución de la población– que vivimos en tiempos en los que no es necesario tener muchos hijos porque sus vidas pueden ser más largas y más productivas. Se podrá defender que la media de
1,3 hijos por mujer no puede garantizar la tasa de reposición o, por el contrario, que esta aseveración es simplemente una falacia. Pero nadie podrá ignorar la objetividad de una suma de datos.
Primero, que a partir del 2015 la
UE y España tuvieron por primera vez un crecimiento vegetativo negativo, es decir, fueron más las defunciones que los nacimientos.
Ya en el 2010, el Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE, que presidía Felipe González, dejó claro que el envejecimiento afectaba a su competitividad y al Estado de bienestar. El demógrafo Gerard Dumont lo definió como “invierno demográfico europeo”. Segundo, que el Informe del estado de población de las Naciones Unidas del 2014 deja claro que España es un país envejecido y que sólo un 14% de sus habitantes tiene entre 10 y 24 años, con una de las tasas más bajas de fecundidad del mundo. Y tercero, que, sin saberlo o no, todo ello conlleva una clara conclusión: España y la UE han optado por la inmigración. (El Instituto de Estadística de Catalunya –Idescat– cifra en 250.000 personas la reducción de la población activa para el año 2050.)
Estamos, por tanto, ante las consecuencias de una confluencia de factores que deben y pueden corregirse. En España, la inseguridad laboral de los jóvenes; su retraso en emanciparse; las dificultades para formar una familia; las presiones laborales entorno a la maternidad… son causas que hacen que muchas parejas en edad de procrear no tengan hijos. En definitiva, y esto también parece indiscutible, los gobiernos no han priorizado políticas en favor de la natalidad. Manuel Blasco Desar recuerda acertadamente en su libro que en los informes económicos y financieros que acompañan a los presupuestos generales del Estado, términos como demografía, natalidad o fecundidad son desconocidos y que si se habla de envejecimiento es sólo para aludir a los viajes del Imserso.
Las derivadas del declive demográfico no son sólo económicas. La inmigración tiene en la integración el principal reto de las sociedades europeas. Basta echar una mirada a nuestro entorno para saber hasta qué punto cambia el retrato global de las sociedades europeas. Y del mundo en general. Sami Naïr ha señalado que “la demografía nos lleva a reforzar la aceptación de la diversidad y a construir un proyecto de identidades que no podrán basarse en la lengua, la religión o la etnia, sino en un concepto universal de ciudadanía”. ¿A alguien le parece irrelevante esta reflexión en un país como el nuestro sumido en el debate independentista?
Sin embargo, más allá de la discusión sobre las derivadas económicas o sociales del envejecimiento de la población, no tengo inconveniente en reconocer y defender el debate como ideológico. Por razones ideológicas en España no se han priorizado políticas en defensa de la familia que hubiesen facilitado otra demografía. La derecha y la izquierda –aunque por razones diferentes– han sido insensibles al mandato constitucional de “asegurar la protección económica, social y jurídica de la familia”.
Se ha subestimado a la familia como célula básica de estructuración de la sociedad y auténtico motor y garantía del bienestar social. Que se lo pregunten si no a miles de personas que encontraron en sus padres o abuelos la supervivencia cuando la crisis económica les dejó sin trabajo. Se ha ignorado a la familia como escuela de transmisión de valores. ¿Recuerdan aquello de Tony Blair? “Un país es más fuerte cuanto más fuertes son sus familias”. Y se ha menospreciado a la familia como garantía de futuro. No se trata de prescribir cuántos hijos deben tenerse, sino de garantizar que quien quiera, pueda tenerlos. En España, incluso lo poco que se ofrece de ayuda a la maternidad pagaba impuestos hasta la reciente sentencia del TS. A la hora de garantizar el derecho a no tener hijos hemos ido más allá que nadie en la UE. Pero en lo que a la protección del derecho a tenerlos se refiere, estamos al final de la cola. ¡Y así nos va!
En España no se han priorizado políticas en defensa de la familia que hubiesen facilitado otra demografía