Un pacto económico para la legislatura
El documento firmado ayer por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es un pacto esencialmente económico de largo alcance para lo que lo dure la legislatura y en el que los Presupuestos del 2019 actúan de banderín de enganche. Al Gobierno le da alas para lanzarse al Congreso e intentar aprobar esas cuentas, mientras que Podemos exhibe capacidad de influencia sobre las políticas sociales y económicas. Esa será su palanca electoral
El teórico equilibrio propuesto entre el incremento de los gastos y el de los ingresos permite atender las demandas sociales más urgentes, especialmente las relativas a la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC y las subidas de las más bajas. También permite una actualización del salario mínimo interprofesional que, aunque formalmente criticado ayer por la patronal, es asimilable en un contexto de crecimiento, incremento de beneficios. Es el resultado de una consciencia compartida de que hay que dar un empujón al alza a los salarios, tanto para sostener la actividad como para asegurar un entorno de paz social.
El acuerdo no ofrece, sin embargo, soluciones estructurales a los problemas financieros de la Seguridad Social ni a los del sistema fiscal español, aquejado de un un insoportable nivel de fraude que acaba descargado sobre los contribuyentes cumplidores. En cambio, se centra en explicaciones generales sobre las reformas que el Gobierno y Podemos se plantean acometer. Es decir, las dos partes no tienen un protocolo común de actuación en esos ámbitos, no han alcanzado un acuerdo sobre posibles medidas.
Capítulo aparte es el referido al mercado de trabajo, concretamente a la derogación de determinados puntos de la Reforma laboral del 2012 del Gobierno del PP. El acuerdo recoge la derogación inmediata “antes de finalizar 2018 (de) los aspectos más lesivos de la reforma laboral”, entre los que se citan los referidos a la negociación colectiva y los que afectan a la modificación de las condiciones de trabajo. este sí es un asunto sensible para organizaciones empresariales e inversores y marcará uno de los puntos calientes de la legislatura.
Y, finalmente, los impuestos. El Gobierno dice que espera recaudar unos 5.700 millones más con subidas en IRPF, patrimonio, sociedades y la imposición de las tasas tecnológica y financiera. El cóctel intenta no cebarse con nadie, aunque las quejas de los afectados serán inevitables.