Patronales catalanas exigen el fin del agravio eléctrico

Una decena de organizaciones empresariales catalanas, entre ellas la Cecot, recordaron ayer al Gobierno que sufren un agravio en las tarifas de peaje eléctricos, que discriminan a las compañías grandes consumidoras, unas 4.450 en total, 3.277 de las cuales en Catalunya. El real decreto ley aprobado el 5 de octubre de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores no prevé corregir este desequilibrio, de modo que las citadas patronales, que han llevado el asunto a las autoridades europeas, se han dirigido por escrito a los diputados catalanes para que exijan enmendar el texto antes de que se someta a votación en el Congreso y, así, pueda ponerse fin a este trato desigual territorial.

Las empresas perjudicadas están alimentadas con redes de 25 kV a 30kV, englobadas en la tarifa 6.1A, que abarca de 1 kV a 30 kV. La siguiente, más económica, era la 6.1B (entre 30 kV y 36 kV), que el anterior Gobierno equiparó a la 6.2, más barata aún, según el pacto presupuestario del PP y el PNV. Esto benefició a 1.250 compañías de seis comunidades, entre ellas el País Vasco. Las patronales reclaman que a partir de 25 kV se aplique la tarifa 6.2. Según sus cálculos, los afectados soportan un sobrecoste conjunto de 300 millones de euros al año.