Ilusión y misterio
El ambicioso pacto económico firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias; y la oscura desaparición de un periodista saudí en el consulado del reino árabe en Turquía.
CON el ambicioso pacto económico y presupuestario firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se concreta en España el giro hacia el centroizquierda con un amplio abanico de medidas sociales que suponen el fin de la austeridad iniciada hace diez años con la llegada de la gran crisis.
El primer objetivo de la nueva alianza entre el PSOE y Unidos Podemos es sacar adelante los presupuestos generales del Estado para el 2019. Esto, sin embargo, requerirá el apoyo de las otras fuerzas políticas que secundaron la moción de censura socialista contra Mariano Rajoy, como son el PNV y los dos partidos independentistas: ERC y PDECat. Esto último no está asegurado. Las formaciones soberanistas exigen una contraprestación, imposible de conceder por el Gobierno, en forma de compromisos que garanticen el derecho a la autodeterminación y la libertad de los políticos presos. Ambos partidos, sin embargo, deberán valorar muy bien sus decisiones porque la no aprobación de los presupuestos del Estado, a causa de su hipotética negativa a apoyarlos, puede suponer que Catalunya se quede sin 3.200 millones de ingresos adicionales que podría tener en el 2019. Al margen de las reivindicaciones políticas, la necesidad de más dinero es imperiosa para las escuelas, la sanidad, la asistencia social o los Mossos.
El pacto económico entre Sánchez e Iglesias va, asimismo, más allá de las medidas presupuestarias para el 2019 y supone todo un programa de gobierno económico que puede llevarse a cabo en esta legislatura o servir de base para sus respectivos programas electorales ante futuros comicios, adelantados o no. El carácter social de muchas de las iniciativas que se pretende impulsar hace que la alternativa que presentan difícilmente pueda ser combatida de forma convincente a corto plazo ante la opinión pública por los dos grandes partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, por más razón que ambos puedan tener al plantear los eventuales riesgos que suponen para la economía. Efectivamente, hablar de subir impuestos, modificar la reforma laboral e incrementar peligrosamente el gasto público, con la posibilidad más que real de sobrepasar los objetivos de déficit comprometidos, en un país ya sumamente endeudado, son factores que generan incertidumbre, debilitan la confianza y, con ello, pueden dañar la inversión y la creación de empleo, en unos momentos en que el crecimiento económico ha empezado a debilitarse.
El aumento del gasto social –desde las guarderías hasta la dependencia, el subsidio de paro y la universidad–, la revalorización de las pensiones según el IPC, la subida del salario mínimo hasta 900 euros y una cierta redistribución de la riqueza son medidas que difícilmente se pueden discutir, después de casi cinco años de intenso crecimiento, pese a que el FMI las considere contraproducentes para el equilibrio presupuestario y para el empleo, ya que un mayor salario mínimo perjudicará al empleo de los jóvenes y de los trabajadores menos cualificados. La intervención en el mercado del alquiler de viviendas también se hacía imprescindible, ante la burbuja de precios que registra, y la reforma del sector eléctrico es una opción que deberá ser más meditada para no generar efectos contraproducentes, al igual que sucede con las subidas de impuestos.
Lo importante es que todo ello –de consolidarse la iniciativa– se haga en base a la cuadratura de las cuentas públicas, con equilibrio entre ingresos y gastos, y que no tenga efectos contraproducentes para el crecimiento económico y la creación de empleo. Todos los giros, como este hacia la izquierda, comportan riesgos ante los que habrá que estar muy atentos para poder, si hace falta, rectificar a tiempo.