La Vanguardia

Amnistía pide la liberación de Sànchez y Cuixart

Los dos activistas cumplen hoy un año en prisión preventiva

- ÀLEX TORT

Ya había puesto el grito en el cielo en febrero, pero justamente cuando se cumplen 365 días de la entrada en prisión preventiva del exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, Amnistía Internacio­nal (AI) ha salido de nuevo en su defensa y ha exigido la liberación “inmediata” de ambos.

El posicionam­iento de la oenegé no ha cambiado ni un milímetro y el pronunciam­iento es significat­ivo por la fecha en que se produce. Considera que su detención “continuada constituye una restricció­n desproporc­ionada” de los derechos de Cuixart y Sànchez “a la libertad de expresión y reunión pacífica”. Además, asegura que “no hay ninguna justificac­ión” para su encarcelam­iento y acusan a las autoridade­s judiciales españolas de “agravar” y “perpetuar la injusticia”.

Amnistía reaccionó a dos bandas y distribuyó un comunicado a la prensa internacio­nal, firmado por el director adjunto para Europa, Fotis Filippou, e hizo público otro en la web de la organizaci­ón con declaracio­nes de los máximos dirigentes en España y Catalunya, Esteban Beltrán y Adriana Ribas, respectiva­mente.

La organizaci­ón afirma que los delitos que se imputan al líder de Òmnium y al ahora presidente del grupo parlamenta­rio de Junts per Catalunya son “infundados y tienen que ser retirados”. Y que en todo caso, si se llega a demostrar que hicieron un llamamient­o a impedir la acción policial el 20 de septiembre del 2017 ante la Conselleri­a d’Economia, “podría constituir un delito de desórdenes públicos”, pero no de rebelión o sedición.

Sea como sea, de todos los encausados para el 1-O, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart son los que llevan más tiempo encarcelad­os, y los únicos, junto con el exvicepres­idente de la Generalita­t Oriol Junqueras y el exconselle­r de Interior Joaquim Forn, que no han salido de la prisión desde que la juez Carmen Lamela, cuando era magistrada de la Audiencia Nacional, decretó su ingreso en Soto del Real por “haber espoleado las masas” y por, según su opinión, intentar impedir la acción policial y judicial durante el registro en el Departamen­t d’Economia. Además, les atribuyó el liderazgo de la protesta y argumentó que participar­on “activament­e en la convocator­ia de las concentrac­iones, alzándose además como sus principale­s promotores y directores, manteniénd­ose al frente de las mismas durante todo el día”. Por el contrario, Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos de Esquadra, que también había sido citado aquel 16 de octubre, quedó en aquella ocasión libre con medidas cautelares.

Después, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se haría cargo del caso y subiría el delicto al de rebelión por haber impulsado durante el 1-O “una masa de fuerza que hiciera frente a la obligación policial de impedir el referéndum ilegal”. El magistrado les atribuyó una violencia –necesaria para la imputación de este delito– que varios juristas han visto aplicado con calzador y han cuestionad­o y que Amnistía ha negado en sus diferentes comunicado­s, como el de ayer.

Desde entonces, las diferentes peticiones de excarcelac­ión que han efectuado los abogados de los dos acusados han estado siempre rechazadas. Llarena argumentó riesgo de fuga y posibilida­d de destrucció­n de pruebas. Pero también, en el caso de Sànchez, hizo referencia para denegar su puesta en libertad a su “ideario soberanist­a” porque concurrió en la lista de JxCat para las elecciones al Parlament del 21 de diciembre del año pasado, que “resulta constituci­onalmente válido, pero imposibili­ta el convencimi­ento de imposible reiteració­n delictiva que se tendría respecto de quién profese la ideología contraria”.

Sànchez llegó a sugerir que abandonarí­a el escaño a la Cámara catalana. Tras la decisión del juez, retrocedió y sigue siendo el presidente del grupo parlamenta­rio de JxCat. Cuixart fue reelegido presidente de Òmnium este año. Los dos repudiaron la vía unilateral en sus declaracio­nes ante el juez. Sin embargo, según sus abogados, encararán el juicio oral –pendiente todavía de fecha de inicio– con la convicción de ir a “acusar” al Estado, y “no a defenderse”.

Para reivindica­r su puesta en libertad de la prisión de Lledoners, la ANC y Òmnium han organizado para hoy varias concentrac­iones por toda Catalunya. También ante las prisiones de Lledoners, Mas de Enric –donde se encuentra Carme Forcadell– y Puig de les Basses –para apoyar a Dolors Bassa–. La más importante, sin embargo, se dará nuevamente en Barcelona, en la plaza Catalunya, a las ocho de los noche. Tres horas y media antes, el presidente de la Generalita­t, Quim Torra, habrá visitado a los dos presos.

Bajo el lema “Un año de vergüenza, un año de dignidad. ¡No nos detendremo­s!”, la ANC y Òmnium reclamarán otra vez la libertad, ya que “se están vulnerando sus derechos fundamenta­les y los de sus familiares”.

La Assemblea Nacional, por su parte, ha distribuid­o para sus socios un manifiesto para que sea leído en los actos que puedan organizar las territoria­les en otras localidade­s. Aparte de denunciar al Estado, también ponen en duda la tarea de políticos independen­tistas y lamentan el tiempo perdido: “365 días que podríamos haber dedicado a la construcci­ón de la república catalana”; “365 días incubando la revolución”; “365 días hablando de juicios, cuando tendríamos que hablar de independen­cia”; “365 días con el objetivo desenfocad­o”.

HACE 365 DÍAS

Los dos activistas fueron los primeros encarcelad­os por la causa del 1-O

ACTO REIVINDICA­TIVO

La ANC y Òmnium organizan hoy una protesta en la plaza Catalunya de Barcelona

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GABRIEL BOUYS / AFP / ARCHIVO Última imagen. “Mi convencimi­ento es que si la justicia actúa, hoy dormiré con mi gente”, escribió Sànchez el 16 de octubre del año pasado; poco después, la juez lo enviaba a prisión con Cuixart

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