Delgado afirma que no dará órdenes a los fiscales del 1-O
Segarra pide que la Fiscalía pueda “trabajar con tranquilidad”
Toque de queda en la Fiscalía General del Estado. Las filtraciones sobre la tarea de los fiscales en la calificación provisional de caso 1-O han conducido a un movimiento reflejo autodefensivo. Se está trabajando, nada hay decidido, todo permanece en estudio, fueron ayer las palabras más repetidas, para tratar de aliviar la presión. Una tarea de protección en la que quiso intervenir la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien aseguró que la Fiscalía va a ejercer su labor sin influencias externas, empezando por las del Gobierno, que no intentará influir ni dará instrucciones sobre qué debe hacerse en el caso 1-O.
Contestación tajante, por tanto, de la ministra a quienes desearían que el Ejecutivo hiciese una interpretación extensiva de sus posibilidades de comunicación con los fiscales, hasta el punto de pedirles “gestos” coherentes con la voluntad de distensión política con las instituciones catalanas. Delgado quiso dejar claro que eso, pedir a los fiscales que rebajen sus planteamientos, no lo va a hacer el Gobierno, porque no puede y porque no debe.
“No se van a dar instrucciones a nadie”, dijo Delgado con especial énfasis, como para dejarlo definitivamente claro, en un acto informativo organizado por Europa Press. El Ejecutivo, en suma, niega que vaya a utilizar la palanca de este proceso penal para facilitar e apoyo de los partidos soberanistas al proyecto de presupuestos. Lo único garantizado –dijo Delgado– es que el Gobierno va a mostrar un respeto “absoluto” por la autonomía de la Fiscalía y por la independencia del Tribunal Supremo (TS).
Sin necesidad de poner en duda de que esa sea la voluntad del Ejecutivo, el hecho es que no le queda otra. Si quisiera hacer otra cosa, tampoco podría, o correría un gravísimo riesgo en caso de intentarlo. Los cuatro fiscales encargados del caso 1-O –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno– llevan un año trabajando sobre el asunto, aunque no elaboraron la querella que dio origen al procedimiento.
Dichos fiscales siempre han sostenido en sus escritos que los hechos investigados constituyeron un delito de rebelión. No van a cambiar ahora. Las filtraciones, en realidad, sólo han puesto evidencias sobre la mesa, aunque es cierto que con un matiz importante, el de la posibilidad de no pedir la máxima pena –que podría llegar a los 30 años de cárcel–, ni siquiera para el exvicepresident Oriol Junqueras, el procesado en prisión de mayor rango político.
Aunque todavía no hay ninguna decisión formalizada, la Fiscalía trabaja con la hipótesis de pedir entre 15 y 25 años de prisión para los acusados de rebelión. Pero siguiendo cierta escala de responsabilidades. Para los exconsellers se pedirían penas a partir de los 15 años, según su implicación en los hechos, y para el exvicepresident, los citados 25. La Fiscalía General no confirma ni desmiente estos proyectos, porque hasta que se estampen las correspondientes firmas en el documento son posibles variaciones. Pero esa es la idea sobre la que se trabaja.
Un motivo claro para no anticipar criterios y decisiones lo explicó ayer la ministra de Justicia afirmando que “ni procesados ni ciudadanos merecen estas especulaciones en este momento”. Junto al respeto por las formalidades del proceso está también el deseo de no adelantar las fases de confrontación aguda con las defensas. Las filtraciones han traído ya a las primeras réplicas, y en paralelo a todo ello el aumento de los decibelios del debate político unido a la causa penal.
Un contexto que preocupa a la fiscal general, María José Segarra, interesada en taponar todas las vías de agua que puedan aparecer en la Fiscalía. La han puesto al mando de cuatro fiscales de Sala del Supremo, la máxima categoría de la carrera, que tienen una posición común sobre el caso. Cualquier cambio sustancial levantaría un sinfín de sospechas. Era obligado tomar el camino que ha emprendido, el de favorecer un concienzudo trabajo de análisis jurídico, y tratar de optimizarlo calándose la bata blanca –en este caso la toga– en un clima de colegas de laboratorio.
Por eso el Gobierno y la propia Segarra pidieron ayer que se deje “trabajar con tranquilidad” a los fiscales. Manejan sustancias de especial peligrosidad. Delgado lo expresó ayer diciendo que el proceso se halla en un “momento crucial”. Para posibles modificaciones de fondo habrá que esperar al final del juicio, cuando el Supremo le pregunte a la Fiscalía por sus conclusiones definitivas. El Gobierno se conforma ahora con limar las acusaciones. Cualquier apuesta más arriesgada tendría un efecto bumerán, porque trascendería y produciría un ruido político ensordecedor.
EL PROYECTO
La acusación pública establecerá una escala de penas, entre 15 y 25 años, por rebelión
EL CONTEXTO
La titular de Justicia niega presiones en un proceso que está en un “momento crucial”