Legalidad sin principio
El independentismo se mueve en una franja de terreno que linda entre la legalidad y la ilegalidad. Sus controversias internas también son el reflejo de esa disyuntiva. No porque haya una línea divisoria entre unos y otros secesionistas. Es debido a que cada uno de los sectores favorables a la república propia se debate ante la encrucijada. De hecho, podría decirse que cada uno de sus militantes o activistas oscila continuamente sobre cuál de las dos vías allanará el camino hacia un Estado catalán. El episodio de la suspensión efectiva de los parlamentarios procesados dio lugar hace diez días al primer conato de ilegalidad en las instituciones de la Generalitat desde que se aplicó el 155. Pero la vindicación del 1-O y del 27-O por parte de sus responsables alienta la idea de que la legitimidad de determinados objetivos políticos constituye un bien superior a las normas vigentes, que dificultan sobremanera su consecución. Por eso, no hay un independentismo comprometido con la legalidad como principio. Sí acaso un secesionismo más realista, que parece eludir entramparse frente a la ley en acontecimientos como los de octubre del año pasado.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, advirtió el viernes de que, “mientras no haya una solución política”, la Cámara autonómica continuará aprobando de forma periódica resoluciones como la que reclamó la abolición de la monarquía. Cabe suponer que se refería a mociones cuyo contenido se sitúe al amparo de la libertad de expresión y no contravenga ninguna norma. Pero los términos en que se pronuncie el Parlamento podrían ser objeto de impugnación una y otra vez, aunque tales actos no impliquen responsabilidades penales si no desoyen resoluciones judiciales previas. De manera que la decisión de moverse en las lindes entre lo lícito y lo ilícito “periódicamente” contribuiría a empantanar las instituciones en circunstancias de riesgo ante la eventual apertura de nuevos procedimientos judiciales. Porque ha quedado demostrado que se trata de un terreno sujeto a discusión y poco propicio a incursiones temerarias.
El problema es que mientras no hay un independentismo que defienda la legalidad como principio rector de su estrategia, más allá de unos criterios básicos de prudencia, sí hay un independentismo dispuesto a desbordar esa misma legalidad, aunque sea puntualmente y con el ánimo de avivar la confrontación poniendo a prueba a otros secesionistas. El rupturismo latente entre los partidarios de una república propia no obedece tanto a su impaciencia como a su convicción de que el proyecto que albergan se volvería inviable por los cauces de la legalidad. Sencillamente porque saben que la naturaleza de la república propia es inasimilable para el marco constitucional; y en ello radica la autenticidad que esa parte del independentismo –que se tiene por más consecuente– trata de conferir a su objetivo. Lo que, a su vez, disuade a los demás secesionistas de hacer causa de la legalidad.
El independentismo se ha instalado en la anomalía de corrientes y grupos incapaces de precisar qué quieren conseguir y de qué modo; de forma que transfieren a los demás –a los medios y al público en general– la tarea de adivinar sus intenciones en cada momento. A medida que todos hablamos del independentismo, este se ve menos necesitado de clarificar sus planes. A medida que todos nos referimos a sus diferencias internas, estas enmudecen y nunca se explicitan. Se sabe, por ejemplo, que Torra y ERC han acordado continuar embarcados en el Govern hasta que se conozca la sentencia del Supremo, pero sin rastro de las condiciones de tal apaño, ni de sus razones, y mucho menos de sus consecuencias. Y no hay declaración alguna sobre qué piensan hacer respecto a la legalidad, dando a entender así que su cumplimiento o no les resulta un asunto contingente.
La improvisación política a este respecto proyecta un mensaje de indiferencia hacia las instituciones, de banalización de cualquier ilegalidad cometida o imaginable en el procés. La sublimación y la frivolidad van de la mano, y eso desautoriza a dirigentes que no se hacen cargo de lo que está pasando mientras otros, a los que homenajean, se encuentran en espera de juicio. Si todo remite a las lindes entre la legalidad y la ilegalidad no es porque se haya judicializado el conflicto y no se sepa qué pueden hacer los jueces y tribunales a partir de mañana mismo. Es porque el independentismo descubrió en esa franja indefinible de terreno el hábitat idóneo para reproducirse, aunque fuese restando legitimidad a los procedimientos tasados de la democracia.
El independentismo da a entender que el cumplimiento o no de la legalidad le resulta un asunto contingente