Movimiento para penalizar a los clientes de la prostitución
Juristas e intelectuales piden abolir la lacra del sexo de pago
Juristas, escritores, filósofos, sociólogos, cineastas, políticos… Con más de cien firmas se presentó ayer en Barcelona un manifiesto que reclama la necesidad de abolir la prostitución y solicita medidas legislativas y políticas públicas para acabar con el sufrimiento humano que se esconde “detrás de los neones de las carreteras, los pisos burdel o los anuncios de internet”. Con el título La Pau de les Dones, el manifiesto aboga por la penalización de la compra de servicios sexuales.
El documento es el inicio de un movimiento que pretende combatir las campañas que se están llevando a cabo para legalizar la prostitución, campañas que a entender de los autores del manifiesto vienen de la mano de los empresarios del sexo, los proxenetas. Es una industria, explica Beatriz Silva, diputada del grupo Socialista, que mueve tanto dinero como el tráfico de armas o la industria del petróleo y son ellos los que se quieren apoderar del debate. Asistimos, señala el manifiesto impulsado por la Plataforma Catalana por el derecho a no ser prostituidas, a una fuerte reacción contra los anhelos de emancipación de las mujeres y en el corazón de resistencia masculina palpita lo que se ha convertido en una auténtica guerra contra las mujeres: millones de mujeres y niñas cada año son objetos de trata y España, y singularmente Catalunya, lugares de tránsito y de destino.
Los firmantes del manifiesto quieren rebatir sobre todo aquellos argumentos que intentan diferenciar entre trata y prostitución y entre prostitución “forzada” y “voluntaria”. Un debate que se puso sobre la mesa con la polémica autorización en septiembre de un sindicato de trabajadoras sexuales, decisión considerada un “error” por el propio Gobierno. Si se entra en el debate sindical, se señaló durante la presentación del manifiesto, se está legitimando una actividad que en realidad es “esclavitud”. La cuestión de fondo que se plantea tiene que ver con la igualdad, porque sin igualdad no sólo jurídica sino también material no es posible invocar la “libre decisión”.
Se explica así que “derecho al propio cuerpo” no tiene nada que ver con su mercantilización. Por lo tanto, lo que se debe plantear es si se considera legítimo perpetuar el “privilegio ancestral de los hombres, que les permite acceder mediante dinero al cuerpo de las mujeres”. Aceptar este privilegio supone perpetuar y renovar “una reserva de mujeres” a disposición de los caprichos sexuales de los hombres.
Amelia Valcárcel (filósofa), Icíar Bollaín (directora de cine), Lluís Rabell (político), Beatriz Gimeno (diputada), Manuel Cruz (filósofo), Lucía Avilés (magistrada), Joan Botella (catedrático), Sara Berbel (psicóloga), Victòria Camps (filósofa), Marcos Delgado (Comisiones Obreras), Ana de Miguel (socióloga), Beatriz Silva (diputada), Amelia Tiganus (superviviente de trata), Laura Freixas (escritora)… son algunos de los firmantes que buscan recoger un perfil transversal para reclamar medidas legislativas que tiendan a la abolición. Cabe señalar que el abolicionismo no es la vía prohibicionista, que castiga tanto al prostituyente como a la prostituta.
La propuesta de penalizar la compra de servicios sexuales se inspira en el modelo sueco, pionero en la introducción de esta medida. Este modelo sueco y el espíritu del manifiesto consideran la prostitución como un tipo de violencia contra las mujeres.
Otro de los puntos fundamentales que recoge el manifiesto es la despenalización total de las mujeres que ejercen la prostitución y la puesta en marcha de programas sociales de apoyo y formación para aquellas que voluntariamente se quieran acoger. Apenas hay en estos momentos desde las políticas públicas respaldo para las mujeres que quieren salir de la prostitución y tener opciones laborales.
“Hay que acabar con el privilegio ancestral de acceder con dinero al cuerpo de las mujeres”, señala el manifiesto